El cannabis se lía en el Congreso
▶La izquierda, incapaz de presentar una propuesta única para su legalización, debate hoy la propuesta de máximos de Más País, que incluye su uso terapéutico
Nueve de cada diez españoles están a favor de la legalización del cannabis para fines terapéuticos, según reflejó el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y más de 45 países ya se han adelantado a España en este aspecto. Entre ellos, se encuentran algunos del entorno como Alemania, Portugal e Italia. Mientras, casi la mitad de los ciudadanos (el 47%) aprobarían una regulación integral que delimite su compra, venta y forma de autoconsumo. Con este caldo de cultivo, y después de que el Senado –con votos de PSOE, PP y Vox– rechazara regular los clubes sociales de cannabis que proliferan cada vez más en las ciudades españolas, el debate aterriza hoy en el Congreso de los Diputados con una propuesta de Más País.
El jueves pasado se conformó la primera subcomisión creada a instancias del PNV en la Cámara Baja centrada en analizar los usos terapéuticos de esta planta y se ha puesto un plazo de seis meses para acordar y aprobar un informe que dé pie a una regulación del empleo del cannabis con este fin medicinal. «Llegamos muy tarde. En España hay pacientes con dolor crónico que necesitan una regulación de urgencia, y al recorrido en el Congreso aún le falta maduración», cuenta a ABC Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Desde esta organización llevan desde 2015 instando a todos los partidos a que se atrevan a regular su uso y en 2017 presentaron una proposición no de ley con Ciudadanos que, al no contar con el apoyo de más partidos, no salió adelante.
Jesús de Santiago Moraga, coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor (SED), expone que el 22% de los españoles sufren dolor crónico▶ «Mucha gente se podría beneficiar de su uso, pero encima, si queremos hacer estudios de investigación sobre su seguridad y eficacia, tiene que estar regulado». Desde la SED, informa De Santiago, llevan un año intentando sacar adelante un estudio sobre el tratamiento para la ciática, pero no consiguen adelantarlo precisamente por las trabas legales con que se topan. Este anestesista protesta por «el miedo y la desinformación» como principales factores para que un sector de la población sea reticente a su implantación. Actualmente, en torno a 300.000 personas se aprovechan de la alegalidad y despenalización de la marihuana en España para cultivar sus propias plantas o incluso las compran a ‘camellos’, poniendo en riesgo su salud.
El problema que encuentran los enfermos que reclaman el cannabis como solución para sus dolores es que el debate sobre sus evidencias en la salud se ha mezclado con el registro en el Congreso de tres iniciativas parlamentarias que buscan su regulación integral. «El hecho de que haya un partido que vuelve a mezclar las cosas nos perjudica claramente», cuenta Pérez en referencia a la propuesta de Más País, que se vota hoy en el Congreso. La formación liderada por Íñigo Errejón aborda en una misma ley tanto el uso medicinal como el recreativo. Es una propuesta de máximos. Las otras dos iniciativas legislativas, que parten de Unidas Podemos (UP) y ERC, sí que diferencian dos espacios de debate para sendos aspectos.
Acuciar al PSOE
Desde UP, Lucía Muñoz lanza el guante al PSOE, socio de gobierno y la formación que «tiene la llave», ahora que se ha abierto a debatir sobre la cuestión medicinal en la subcomisión auspiciada por los peneuvistas. Los morados entienden que «hay cuestiones económicas y sociales que se tienen que debatir, y quizá el mismo espacio no sería adecuado». En España se calcula que unos 3,2 millones de personas consumen habitualmente cannabis a pesar de la legislación prohibicionista. «Se nos ha pedido en muchas ocasiones que dividamos el análisis y no mezclemos las cosas, y eso estamos haciendo. No hay problema en que haya diferentes dimensiones para avanzar conjuntamente en diferentes aspectos», añade la diputada de UP
Uno de los temores que, en cambio, apuntan desde el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), es que si se legisla solo el uso terapéutico se podría establecer un oligopolio farmacéutico «Proponer la farmacia como única vía de acceso incrementa el precio tanto para las personas como para el Estado y disminuye su accesibilidad», concreta Hugo Madera, su portavoz. Por ello, piden a España «una ley lo más amplia y consensuada posible que delimite varias vías de acceso, porque los países que han establecido un oligopolio como Alemania o Portugal han comprobado que no funciona».
En cuanto a la proposición de ley que debate esta tarde el Pleno, la de Más País establece –al igual que la de Unidas Podemos y la de ERC– tres vías de acceso a la planta y sus derivados a través del autocultivo personal, mediante clubes de cannabis y por un mercado regulado. En lo que difieren todas es en los límites que fijan, tales como la cantidad de plantas a cultivar por persona o club y en los gramos que se pueden almacenar en cada contexto. El partido de Errejón propone que sean 12 plantas por individuo cultivadas en exterior, 3.650 gramos de cogollos o un kilo de extracciones. La propuesta de ERC establece, en cambio, 6 plantas por persona y un acopio anual de 480 gramos. Unidas Podemos limita en 20 metros cúbicos el volumen de las plantaciones
en el exterior. La formación morada, que es el partido con el proyecto más extenso, establece el límite personal de posesión en la vía pública en 100 gramos de cogollos, 30 de extracciones y 10 de tetrahidrocannabinol o THC –el principal constituyente psicoactivo del cannabis– en otros productos. Más País y ERC recalcan en sus textos que el consumo en la vía pública tendría las mismas limitaciones impuestas ya para el tabaco. Unidas Podemos, en cambio, acota su consumo al ámbito privado y a los clubes sociales de cannabis cooperativos y licenciados. Para todos, los ‘grow shops’ o tiendas de semillas serían los únicos negocios legales que pueden vender esa simiente.
Por otra parte, cada texto establece un límite de THC distinto para considerar si un producto es o no psicoactivo. Más País lo fija en un 0,3%, ERC mantiene el actual del 0,2% y Podemos lo eleva hasta el 1%. Mientras tanto, los consumidores que viven en la alegalidad piden al Gobierno que encare con «una postura valiente» el debate. «El camino es que los partidos negocien entre ellos y con la sociedad civil, y se presente una propuesta lo más consensuada posible», abunda el portavoz de la OECCC.