Caixabank reclama a la Junta 4 millones por impagos de ayudas a vivienda que dio Espadas
► La Administración andaluza concedió las subvenciones en 2008, pero en 2010 suspendió de improviso el plan
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, el proyecto estrella de Juan Espadas en su etapa al frente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, sigue dando quebraderos de cabeza a la Junta de Andalucía. Caixabank ha presentado un escrito en la sala de los Contencioso Administrativo del TSJA en el que reclama a la administración andaluza 4.188.606 euros por los compromisos de pago que atendió esta entidad bancaria a cuenta de aquel programa, que fue suspendido súbitamente por el Gobierno de Manuel Chaves dos años después de su entrada en vigor.
El Plan de Vivienda y Suelo 20082012 tenía entre sus objetivos la creación de un sistema que promoviese el alquiler con ayudas para inquilinos, así como para que las agencias inmobiliarias gestionaran estas operaciones. Asimismo se preveían ayudas para la adquisición de viviendas protegidas. El objetivo era construir hasta 132.000 VPO en este cuatrienio.
Fue la gran apuesta de Espadas durante su etapa como consejero. El actual alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A señaló que dicho plan «constituye la única herramienta para garantizar a las familias el acceso a una vivienda digna a precio razonable y la mejor respuesta que tienen las empresas para afrontar la coyuntura actual del mercado residencial». El decreto generó una gran expectativa de actividad en el sector andaluz de las agencias inmobiliarias, que reforzaron sus equipos para subirse al ambicioso plan autonómico para el alquiler.
Convenio de 2008
Para ello el 19 de noviembre de 2008 se suscribió un convenio de colaboración entra la Consejería de Vivienda y 33 entidades de crédito, incluidos los grandes bancos y cajas de ahorro del país, por el que se ponía en circulación 9.550 millones de euros para financiar el Plan de Vivienda.
Pero menos de dos años después, en 2010, la Junta de Andalucía emitió una orden suspendiendo las ayudas, alegando que no había disponibilidad presupuestaria y que ya se había cumplido el objetivo. El Gobierno incluyó la anulación del pago de la segunda anualidad que todavía se adeudaba a cientos de agencias inmobiliarias, así como la tramitación de ayudas de algunos alquileres que ya estaban formalizados. La anulación del plan provocó un alud de quejas ante el Defensor del Pueblo y demandas tante de agencias como particulares que contaban con la ayuda de la Junta para pagar los alquileres.
Pero no solo agencias e inquilinos se vieron sorprendidos por la repentina suspensión del plan. Los bancos que habían adelantado el dinero también se encontraron de la noche a la mañana con la imposibilidad de recobrar un dinero que habían adelantado. Once años después, varios de ellos siguen litigando contra la administración andaluza.
Una de las principales entidades deudoras es Caixabank, que presentó ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA una reclamación de 4.188.606,10 euros por este concepto. Según la citada reclamación, a día de 5 de junio de 2020 eran 557 los préstamos otorgados en el marco del convenio de colaboración firmado en 2008 y sobre los que la Junta de Andalucía mantiene aún una deuda pendiente de abonar a la entidad bancaria.
Concretamente, la deuda pendiente en concepto de subsidios asciende a 2,602.560 euros, mientras que la deuda pendiente en concepto de ayudas estatales directas a la entrada -sibvenciones directas- es de 1.586.045 euros. Dichos préstamos fueron formalizados por cajasol, entidad financiera que luego fue absorbida por CaixaBank.
En la caja de la Junta
La entidad bancaria señala en su reclamación que «el importe reclamado a la administración contituye una cantidad de dinero que, de acuerdo con lo estipulado en el convenio suscrito en fecha 19 de noviembre de 2008, es de todo punto inadmisible -en términos jurídicos- que siga en poder de la Junta de Andalucía. De hecho, semejante circunstancia es susceptible de estar produciendo un enriquecimiento injusto de la administración«.
En este sentido, la sala Tercera de los Contencioso Administrativo el TSJA reclamó el pasado mes de febrero a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que remitiese en un plazo de diez días el medio millar de expedientes a los que alude Caixabank en su demanda. La Consejería solicitó una ampliación del plazo a dos meses alegando que los archivos se encuentran descentralizados en las delegaciones territoriales.alta
En 2010 la Junta emitió una orden suspendiendo las ayudas por falta de cobertura presupuestaria