Las medidas del Gobierno «crean inseguridad jurídica»
▶ Denuncian que «bajar el IVA queda muy bien en los telediarios, pero discrimina a las empresas» ▶ «Ha primado la decisión política del voto», subraya la confederación de la Comunidad Valenciana
Las organizaciones empresariales de los principales sectores económicos del país se dieron cita en la sede de ABC para explicar el impacto que está teniendo tanto el incremento de los costes de la energía como las «precipitadas» medidas aprobadas por el Ejecutivo de coalición.
El director general de Confebask, Eduardo Aréchaga, afirmó que «estamos muy preocupados». Hizo una reflexión▶ «Se trata de satisfacer al que vota o al que genera PIB», en alusión a la discriminación que sufren las empresas respecto a los consumidores domésticos con las medidas aprobadas por el Gobierno. «Como dice Europa, el Ejecutivo debería preocuparse de los consumidores vulnerables, tanto domésticos como industriales». Añadió que «la ciudadanía debe de saber que la transición energética tiene un coste». Y destacó que «sin seguridad jurídica no hay inversión. El Gobierno debería apostar por el tejido productivo del país y escuchar a los empresarios. No somos especuladores».
Política energética seria
Salvador Navarro, presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV), hizo la siguiente valoración: «Estamos preocupados porque las decisiones que se toman a corto plazo generan inseguridad jurídica que afecta a las empresas. Necesitamos decisiones que causen certidumbre a las empresas y las medidas del Gobierno han provocado lo contrario». Pidió que «gobierne quien gobierne, necesitamos una política estratégica seria. En este caso, se ha primado la decisión política del voto». Y subrayó que la industria «tiene que ser un eje estratégico para el Ejecutivo».
IVA del 5% para luz y gas
Para Virginia Guinda, vicepresidenta de Fomento del Trabajo de Cataluña, las soluciones para la electricidad y el gas «son distintas». Dijo que «se está poniendo en riesgo la recuperación económica porque esta crisis llega en un momento de encarecimiento de las materias primas y los fletes. Sin embargo, las empresas tenemos una capacidad limitada para trasladar la subida de costes a los clientes». Añadió que «ha habido precipitación para abordar los problemas y no es bueno».
Propuso una bajada de los impuestos, como el IVA, «que debería dejarse en el 5% de forma urgente, tanto en la luz como en el gas. Así el Gobierno no deja de ingresar y las empresas tienen un poco de oxígeno». Destacó que una compañía exportadora no puede recuperar el IVA y que existe un problema
de solvencia de las empresas. «El Ejecutivo debe de rectificar el decreto, ya que han cambiado las reglas de juego a las eléctricas y estas lo repercuten en los clientes. Debe de haber seguridad jurídica. El Gobierno debe priorizar la recuperación económica».
Sin diálogos
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González, manifestó que el incremento de los precios de la energía «va a tener un fuerte impacto en la economía, las empresas y el empleo. También hay un impacto brutal por la inseguridad jurídica». Criticó que «adoptan decisiones complejas sin diálogo, cambiando las reglas de juego». Y recordó que «ha sucedido con otros gobiernos, como en 2013 con las renovables. La energía no puede ser moneda de cambio según las circunstancias».
Puso como ejemplo que «bajar el IVA queda muy bien en los telediarios, pero solo afecta a los pequeños consumidores. El decreto es muy desafortunado. El inversor necesita estabilidad. No se sabe por dónde va a ir el modelo energético. No hay sensibilidad». Apuntó que el decreto se podría haber tramitado como proyecto de ley para introducir cambios y que «hay que decirle al consumidor que el 65% de la factura son costes directos e indirectos».
Jenaro Aviñó, director de la Asociación Valenciana de Agricultores
AVA/Asaja, explicó que «pensábamos que no nos iba a afectar la subida de los precios de la luz porque tenemos contratos a largo plazo. Pero sí, las eléctricas nos subirán los precios». Dice que las compañías les han propuesto hacer una factura adicional, a 9 céntimos de euro el kWh, «pero muchos regantes no podrán asumirlo. Hasta ahora, el precio medio era de 6 céntimos». La otra propuesta es «romper los contratos». «Nos sentimos indefensos. Agricultores y ganaderos estamos muy preocupados. Somos el último eslabón y no podemos trasladar la subida de los costes de producción. Es una puñalada más que nos da el Gobierno, como con la PAC».
Respetar los contratos
Tras destacar que «no queremos subvenciones», dice que «el diálogo no es suficiente. Debe de ir acompañado de una legislación acorde». Su petición, «que nos respeten los contratos con comercializadoras. Sería lo más oportuno y rentable».
Felipe Medina, secretario general de la Asociación de Supermercados (Asedas), coincidió con sus compañeros de mesa en que la preocupación «es máxima». «Tenemos muchas dificultades para imputar en nuestros productos la subida de la energía». Pidió que el Ejecutivo «salvaguarde los contratos a largo plazo que tenemos con las eléctricas. Incluso, que se extiendan a cinco años». Tras apuntar que «sea cual sea el precio de la energía, tenemos que seguir trabajando todos los días», cuantificó en unos 1.800 millones de euros los sobrecostes «que provienen del BOE y de otros conceptos, como las tasas».
Antonio Cañete, presidente de Pimec (asociación de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña), dijo que «nos estamos comiendo los márgenes» para no repercutir el alza de la energía en los productos. «Necesitamos buenos precios de la energía para ser competitivos». Puso el ejemplo de algunas tintorerías, que trabajan los fines de semana para aprovechar los precios más baratos de la electricidad. «El diálogo es fundamental. Además, debe de haber una visión estratégica como país». Insistió en que «es necesaria una reducción de la fiscalidad, aunque sea temporal».
Algunas tintorerías de Cataluña trabajan los fines de semana para aprovechar los precios más baratos de la luz