La Junta se queda sin opciones para recuperar los 6,1 millones de la deuda de UGT y CCOO
► El juez archiva la causa penal por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre de Andalucía
La Justicia ha dejado sin opciones a la Junta de Andalucía para recuperar los 6,1 millones que UGT y CCOO deben a las arcas públicas por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre entre los años 2003-2006. El último revés para la Administración autonómica llega del juez de Instrucción número nueve de Sevilla, que ha archivado la causa penal abierta contra las anteriores cúpulas de UGT y CCOO en Andalucía por malversación y a los ex directores generales de Trabajo socialista de la Junta por prevaricación.
La Fiscalía presentó un escrito el pasado mes de septiembre en el juzgado que llevaba el caso solicitando el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, petición que ahora ha sido acordada por el instructor en un auto de 26 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico. En esta causa estaban investigados los ex líderes sindicales andaluces como Manuel Pastrana o Francisco Carbonero.
La Intervención General de la Junta de Andalucía, en un informe, detectó que las cantidades que los sindicatos tenían que haber abonado eran 4.027.144,64 euros en el caso de CCOO y 2.155.295,78 euros, por parte de UGT.
En 2005 el Tribunal Supremo acordó poner fin a la gestión por parte de las centrales sindicales. Pero desde entonces pasaron los años sin que los distintos gobiernos socialistas en Andalucía llevaran a cabo acción alguna para reclamar las millonarias cantidades adeudadas. De hecho, la Guardia Civil, en un atestado de más de 80 páginas aportado a la causa, califica la inacción de «reiterada dejadez y negligencia» porque durante seis años (2006-2012), bajo distintos gobiernos socialistas, «no se hizo nada» para reclamar una deuda tan cuantiosa contraída por los sindicatos con la Junta.
Habría que esperar hasta el 29 de julio de 2015, mes y medio después de que Susana Díaz fuera investida presidenta de la Junta, para que la Secretaría General de Empleo abriera un procedimiento administrativo para reclamar 4,02 millones a CCOO y 3,37 millones a UGT. Pero las centrales sindicales recurrieron dicha en la resolución. Fue el TSJA quien resolvió el asunto en 2017: el derecho para exigir el cobro había prescrito.
Pese a los oficios enviados por el Gabinete Jurídico a la Dirección General de Relaciones Laborales en mayo de 2017 para advertirle de «la procedencia de exigir responsabilidades contables y, en su caso, penales» por la gestión de los sindicatos y la deuda contraída con las arcas públicas, el Gobierno de Susana Díaz no movió ficha. Y esta inacción tuvo consecuencias, pues «la posible responsabilidad contable de los sindicatos también prescribió». Sólo quedaba la vía penal.
En 2019, ya con el PP y Ciudadanos en la Junta, se trasladaron todos los documentos a la Fiscalía, que denunció el asunto. Pero una vez se ha practicado la instrucción, la Fiscalía, en un escrito presentando hace un mes en el juzgado, señala que hay que plantearse «hasta qué punto puede hablarse de apoderamiento por parte de aquellos (sindicatos) de estas cantidades, desde el momento en que las mismas han estado reflejadas estos años en su apuntes contables como créditos inmovilizados a disposición de la Junta hasta el momento en el que ésta los reclamase». Atendiendo a la solicitud de la fiscal y a las pruebas realizadas, el juez señala que no hay indicios que permitan concluir que existió actuación delictiva de los investigados.
Sobre las cantidades adeudadas por los sindicatos, apunta que éstas, que ascienden a 6,1 millones, estuvieron contabilizados en los libros correspondientes de UGT y CCOO, pendientes de la eventual reclamación. Tampoco aprecia que los directores de Empleo socialistas dejaran de reclamar la deuda de forma dolosa.
Sí ve, en cambio, un contexto de retraso y «cierto abandono» por parte de la Consejería en dichas reclamaciones, pero no quiere decir esto que actuaron «a sabiendas» para eximir a los sindicatos de devolver cualquier cantidad. «No hay irregularidad desde el punto de vista penal». Se agota de esta forma la última forma de reclamar el dinero para las arcas públicas andaluzas.
Los abogados de la Junta pueden recurrir la decisión del juez en esta causa, donde estaban investigados altos cargos del PSOE-A