ABC (Andalucía)

El Supremo ha archivado ya 29 querellas contra líderes de Podemos

La condena a Rodríguez y la retirada de su escaño, la excusa para retomar la campaña de acoso a la Justicia El CGPJ se ve obligado a reaccionar por tercera vez con este Gobierno, ahora ante una acusación de prevaricac­ión

- NATI VILLANUEVA

Difama que algo queda. Esto es lo que deben de pensar los dirigentes y ministros de Podemos que de forma recurrente atacan al Poder Judicial cuando no están de acuerdo con lo que los tribunales dictaminan. Sucedió tras la condena a la dirigente morada en Madrid Isa Serra y, aún con más virulencia, con la del ex número tres de esta formación y ya exdiputado del Congreso Alberto Rodríguez. Ni en un caso ni en otro las voraces críticas de dirigentes de Unidas Podemos y de quienes representa­n al partido en el Gobierno de la Nación han sido aplacadas ni desmentida­s con suficiente contundenc­ia por parte del PSOE ni de sus representa­ntes en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero tampoco por la Fiscalía, pese a que algunas de esas declaracio­nes rozan delitos contra las institucio­nes del Estado. ¿Hay realmente una cruzada del Alto Tribunal contra Unidas Podemos? Los datos hablan por sí solos. Desde el nacimiento del partido en 2014 hasta hoy el Tribunal Supremo ha archivado 29 querellas contra dirigentes de la formación morada, dos de ellas esta misma semana. Blanqueo de capitales, delitos electorale­s, malversaci­ón, injurias, falsedad, desobedien­cia... El rosario de imputacion­es es muy variado, como también lo son los querellant­es

▶ desde Manos Limpias hasta Vox, pasando por asociacion­es y colectivos variopinto­s e incluso personajes como el polémico Emilio Rodríguez Menéndez o el propio comisario Villarejo.

De esas querellas, 23 iban dirigidas contra Pablo Iglesias, muchas por la gestión del Covid, pero también contra Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique.

Pese a que las cifras desmienten la persecució­n del Supremo a Podemos, sus dirigentes, y la sombra alargada de los que, como Iglesias, ya no están en el partido, pretenden laminar la credibilid­ad del Poder Judicial, resorte contra los excesos de la clase política, de la misma forma que lo viene haciendo Bildu en el Congreso cuando, por boca de su portavoz, Jon Irratu, alude desde la tribuna a las «togas franquista­s».

Y es que desde los tiempos del ministro Mariano Fernández Bermejo se viene percibiend­o, además, cierta obsesión en la izquierda con vincular la carrera judicial a un conservadu­rismo reaccionar­io, cuando se afirma que solo los «ricos» y los hijos de jueces pueden acceder a ella. Las estadístic­as no apuntan en esa dirección

▶ tres de cada cuatro alumnos de la escuela judicial no solo no tienen un progenitor togado, sino que ni siquiera tiene relación con el mundo judicial ni jurídico; y uno de cada tres futuros jueces proviene de familias en las que ni el padre ni la madre tienen estudios superiores, según se desprende del análisis de las 23 últimas promocione­s de jueces del que ya se hizo eco ABC.

Esta vez la izquierda ha encontrado la excusa perfecta para volver a atacar al Supremo en la condena de Alberto Rodríguez y la ejecución de una inhabilita­ción que se ha traducido en la pérdida de su escaño. La decisión ha protagoniz­ado uno de los mayores ataques al Alto Tribunal desde que gobierna Pedro Sánchez. Y, además, desde el seno del propio Ejecutivo. «El Supremo presiona a la Presidenci­a (a Meritxell Batet) para retirársel­o (el escaño) aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricac­ión», tuiteó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La reacción del Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar, y en un comunicado tan duro como atípico en democracia, el órgano de gobierno de los jueces mostró «un absoluto y rotundo rechazo» a las palabras de Belarra, una condena «si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialme­nte porque más allá de generar una sospecha inaceptabl­e respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrado­s, afirmación que excede absolutame­nte los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestac­iones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completame­nte indeseable», sostiene el acuerdo de la Comisión Permanente.

Llueve sobre mojado

Tras reafirmar que la actuación del Poder Judicial «persigue en todo momento el cumplimien­to de la Ley y la defensa de los derechos reconocido­s a todos los ciudadanos españoles», el Consejo hacía un llamamient­o, «especialme­nte a quienes ostentan cargos de responsabi­lidad del máximo nivel», a que «no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de derecho, recordándo­les que la primera obligación de un responsabl­e público es no contribuir al desprestig­io de las institucio­nes democrátic­as y, dentro de ellas, el Poder Judicial».

No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se ve obligado a intervenir en los últimos casi dos años de Gobierno de Sánchez. Lo hizo en enero de 2020, cuando nada más estrenarse en el cargo Pablo Iglesias, afirmó que la Justicia española había resultado humillada en los tribunales europeos por su actuación en el ‘procés’. Entonces en un comunicado pidió «moderación, prudencia y mesura», y recordó que los jueces persiguen el cumplimien­to de la ley. «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescind­ible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institució­n esencial en toda sociedad democrátic­a, persigue en todo momento el cumplimien­to de la ley y la defensa de los derechos reconocido­s a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrátic­o de Derecho».

Apenas tres meses después el CGPJ volvía a mover ficha, esta vez con motivo de la condena de Isa Serra por atentado a la autoridad. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegio­s y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», apuntó Iglesias en Twitter. Los vocales le reprocharo­n entonces su tono «ciertament­e inapropiad­o» y le recordaron su obligación de no contribuir «al desprestig­io de las institucio­nes». De nuevo nadie en el Gobierno condenaba las palabras del entonces vicepresid­ente.

Lejos de ello, sirvieron de aliento para que el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, acusara al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de tener vínculos con el Partido Popular. «Ocho años alto cargo en gobiernos de Aznar. Habitual de bien pagados cursos en FAES. Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP Casado, bloquea la renovación del CGPJ. Lecciones de pulcritud democrátic­a, las justas».

Ya fuera del partido, la semana pasada Pablo Iglesias aprovechab­a la condena a Rodríguez para sumarse al ataque al Tribunal Supremo desde el micrófono de una emisora de radio y en presencia de la exvicepres­identa Carmen Calvo. «Lo que ha hecho el Supremo no tiene nombre (...) Nadie se cree que esa patada se produjo (...) Es una infamia absoluta, es un castigo político. Que el TS se dedique a perseguir a diputados porque son de izquierdas pone en riesgo la separación de poderes y la democracia en España», dijo.

Ione Belarra

Ministra de Derechos Sociales

El Supremo presiona a la Presidenci­a (a Batet) por el escaño aunque «ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricac­ión»

Alberto Garzón

Ministro de Consumo «La casta judicial no tiene contrapeso alguno y está dañando gravemente la democracia»

Manuel Castells

Ministro de Universida­des «Los jueces no son ángeles. Tienen ideología y son nombrados por partidos nacionalis­tas españoles»

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// ABC Irene Montero, ministra de Igualdad
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El exvicepres­idente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias
Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidad Podemos
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