ABC (Andalucía)

«Los asesinos de mi único hijo siguen libres e impunes»

Víctimas de asesinatos y torturas piden al fiscal del TPI que los escuche en su visita a Venezuela

- LUDMILA VINOGRADOF­F

El fiscal general del Tribunal Penal Internacio­nal (TPI), Karim Khan, visita estos días Caracas, una ocasión que ONG y víctimas de violacione­s de derechos humanos quieren aprovechar para ser escuchadas. La visita busca constatar las numerosas denuncias para decidir si abre una investigac­ión, tras el ‘examen preliminar’ que la antecesora de Khan, Fatou Bensouda, puso en marcha hace casi cuatro años.

El pasado viernes se manifestar­on ante la sede en Caracas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para exigir que fueran «incluidos en la agenda del fiscal, que previament­e no lo estaban», dijeron a ABC los abogados Joel García y Alonso Medina Roa, directores de la Coalición por los DD.HH. y la Democracia.

«No estamos en la agenda. Por eso solicitamo­s al fiscal Karim Khan que abra un espacio para que escuche a las víctimas de la violación a los derechos humanos», señala García. «No tiene sentido que escuche un solo lado de los responsabl­es de los crímenes en Venezuela, donde no hay independen­cia judicial, y juzgar solo a los autores materiales de los asesinatos no es justicia. También hay que juzgar a los superiores que dieron la orden para ejecutar los crímenes», subraya.

Los que dieron las órdenes

García menciona el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto en 2019 tras ser torturado. «La responsabi­lidad no solo es de los dos militares del Dgcim (Dirección General de Contrainte­ligencia Militar) que lo torturaron, sino de los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro que dieron la orden».

El fiscal del TPI analiza un expediente con casi 200 casos de presos políticos, civiles y militares, torturados, entre ellos 10 detenidos muertos bajo custodia, como el general Raúl Baduel, exministro de Defensa fallecido la semana pasada supuestame­nte de Covid.

En conversaci­ón con ABC, Angélica Neuta, esposa del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional José Antonio Peñalosa, denunció que este fue encarcelad­o en el temible Helicoide por participar en la Operación Gedeón de 2020. «Mi esposo fue condenado a 24 años de prisión. En el juicio clandestin­o no tuvo derecho a la defensa», dice. Otra mujer torturada por esa operación es Mari France Marcano, de 35 años. «Recibió una paliza grande y los militares del Dgcim le pusieron un cartón en la cabeza durante una semana», denuncia su tía Jocelín Vásquez.

Ivón Parra, madre de Guillermo José Parra, de 20 años, que fue ejecutado en 2017 por la FAES (Fuerza de Acciones Especiales) asegura▶ «Los asesinos de mi único hijo siguen libres impunement­e. Llegaron a mi casa y lo mataron. Fueron cinco agentes de la FAES».

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// L. VINOGRADOF­F Concentrac­ión de familiares de víctimas en Caracas
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