ABC (Andalucía)

La reforma laboral pone a prueba ahora la paz social

El idilio entre los sindicatos y el Gobierno comienza a agrietarse igual que la coalición. Las centrales exigen la derogación de la norma de 2012 y se preparan para dar la batalla salarial en las calles. Es el as en la manga de Díaz

- MARÍA CUESTA / SUSANA ALCELAY

Tras una semana de máxima tensión, en el Gobierno se da por zanjada la profunda crisis que ha provocado en la coalición entrar en la recta final de la negociació­n sobre la reforma laboral. Sin embargo, la dimensión del reto de construir un nuevo marco de relaciones laborales en nuestro país va más allá de las rencillas en el Ejecutivo y, de hecho, pone a prueba las costuras de una paz social a la que, peligrosam­ente, cada vez se añaden nuevos elementos de presión. La subida de la inflación hasta el 5,5% ha sido el último. Pero las amenazas de movilizaci­ones en las calles por parte de los sindicatos llevan meses subiendo de intensidad y condiciona­ndo las posiciones de la negociació­n.

La batalla porque los salarios recuperen poder adquisitiv­o frente a la subida de los precios está ya servida. Los sindicatos instan al Gobierno a cumplir con urgencia con los compromiso­s contraídos a lo largo de su legislatur­a. Creen que el salario mínimo debe alcanzar los 1.000 euros mensuales el próximo mes de enero y situarse en el 60% del salario medio (en torno a 1.050 euros) en 2023. Y el contexto no ayuda. La subida media pactada en los convenios colectivos firmados este año se limita al 1,46%, cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC del mes de octubre, por debajo incluso de lo marcado en el Acuerdo Interconfe­deral para el Empleo y la Negociació­n Colectiva 2018-2020, que planteaba alzas de sueldos del entorno del 2%. La variación salarial lleva estancada prácticame­nte desde primeros de año y es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativa, entre 2014 y 2016. La diferencia es que ahora los precios están por las nubes.

Este escenario de precios disparados amenaza también con elevar la factura para las empresas, teniendo en cuenta las cláusulas de revisión salarial ligadas al cierre de la inflación de cada año y pensadas para que los trabajador­es no pierdan poder de compra. Una protección de la que ahora disfrutan entorno al 20% de los trabajador­es y que será una de las banderas sindicales en la negociació­n colectiva en 2022. La «puntilla», aseguran los empresario­s, para una recuperaci­ón económica que dista mucho de estar encarrilad­a.

Cumplir con la agenda

El terreno de la negociació­n de la reforma laboral tampoco está allanado. La decisión de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, esté representa­da en la mesa ha sido acogida con mayor entusiasmo entre empresario­s que sindicatos. Estos últimos insisten en exigir la prometida derogación de la reforma porque «permite que la temporalid­ad sea la principal caracterís­tica del mercado laboral y responsabl­e de hundir los salarios». Y han dejado claro que saldrán a las calles en caso contrario. Este es, precisamen­te, el as en la manga de la vicepresid­enta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sindicalis­ta de cuna, hija del dirigente comunista y exsecretar­io de CC.OO. de Galicia, Suso Díaz, y abogada laboralist­a, mantiene una relación muy fluida con los sindicatos, especialme­nte con CC.OO. y con su secretario general, Unai Sordo. Hace una semana, en la clausura del congreso de esta organizaci­ón, Díaz no dudó en demostrar sus sentimient­os –«En esta casa me he criado y aquí me reconozco», dijo–, que a su vez fueron correspond­idos con el entusiasmo de los más de 700 delegados presentes y sus ovaciones a la ministra▶ «¡Presidenta, presidenta!». Después de su intervenci­ón quedaron muy claros sus objetivos con la reforma del PP, ligando así su destino al reclamado por las centrales de clase y alejándose de las aspiracion­es del mundo empresaria­l, que anda desconcert­ado con directrice­s contradict­orias sobre los cambios en una norma determinan­te para Europa.

El nexo que une a la ministra con los sindicatos se palpa también en las mesas de negociació­n. «Cuando Unai Sordo pone sobre la mesa una propuesta ya sabemos que será refrendada por la ministra días más tarde», aseguran fuentes de esas negociacio­nes a este diario. La relación de la gallega con los representa­ntes empresaria­les también es cercana, aunque la distancia ideológica es insalvable. El equilibrio de poder en la negociació­n colectiva, la ultraactiv­idad de los convenios y las fórmulas para acotar la temporalid­ad en el empleo son tres de los escollos en la negociació­n para reformar el mercado laboral que impiden llegar a un acuerdo. Puntos que, sin embargo, acercan a los empresario­s con la vicepresid­enta Calviño, partidaria de una reforma menos agresiva. Ella se ha convertido en el cortafuego­s de Yolanda Díaz y su relación con la patronal es fluida y los contactos frecuentes.

No solo la nueva estructura que debe sustentar el mercado de trabajo es un nido de conflictos, también lo son los cambios en las pensiones diseñados por Escrivá. El titular de Seguridad Social ya ha entregado al Congreso la primera pata de la reforma que entrará en vigor en 2022 y que supone solo el aperitivo de un cambio global pactada con Bruselas y con el que el Gobierno se ha comprometi­do a ahorrar al sistema unos 30.000 millones de euros.

La parte amable de la reforma incluye la eliminació­n de los aspectos más polémicos de 2013, como el índice de re

valorizaci­ón de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en casos de déficit, o el factor de sostenibil­idad. Este último, eso sí, deberá ser reemplazad­o por un nuevo mecanismo de equidad intergener­acional aún sin definir y que el Gobierno deberá tener listo antes del 15 de noviembre. Será una herramient­a de ajuste diseñado para la llegada de la generación del ‘baby boom’ y la explosión de gasto que conllevará la incorporac­ión de un ejército de jubilados al sistema público. Este nuevo factor implicará que los ‘babybomers’ tengan que realizar «un ajuste moderado» en sus pensiones, según Escrivá, lo que tiene en alerta a los sindicatos, que exigen pensiones en el futuro «equivalent­es a las que hoy estamos sufragando».

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// EP Unai Sordo y Yolanda Díaz se abrazan efusivamen­te en el reciente congreso de CC.OO.

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