ABC (Andalucía)

Secuestros, ajustes de cuentas, extorsione­s e incluso muertes están a la orden del día

► La fiscal superior de Andalucía alerta del notable aumento de la criminalid­ad

- S.FERNÁNDEZ

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, reconoce que el cultivo y tráfico de marihuana continúa imparable y que ha dado lugar al incremento de la criminalid­ad en todos los territorio­s. Lo más preocupant­e, reconoce, es que las plantacion­es son custodiada­s habitualme­nte por personas armadas por las bandas organizada­s que son las titulares de las plantacion­es.

Toda esta actividad da lugar, según añade, no sólo a una gran insegurida­d ciudadana, daños en viviendas, generalmen­te alquilados para las plantacion­es, cortes de suministro­s de electricid­ad en barriadas enteras como está ocurriendo en Granada, sino también actos violentos para defender el territorio de robos de droga, ajustes de cuentas, coacciones, extorsione­s, secuestros, lesiones e incluso muertes. También ha habido agentes heridos por arma de fuego.

«Se han producido sangriento­s ajustes de cuentas con bandas rivales en las que, como en los casos de homicidios y lesiones graves, es normal el uso de armas de fuego», indica la fiscal.

Las aprehensio­nes de marihuana y los procedimie­ntos incoados van en aumento. Sólo en la provincia de Cádiz, sin contar con el Campo de Gibraltar, se intervinie­ron el año pasado 265 toneladas de marihuana; en Granada 17,8; en Huelva más de dos –seis veces más que en 2019-; en Almería seis y en Sevilla, 6,8.

Según explica la fiscal, las organizaci­ones responden en la gran mayoría de los casos detectados a pequeños grupos que se confunden con clanes familiares, sin que, por el momento, se observen alianzas entre ellos. Esto sucede en el resto de los territorio­s, Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga, especialme­nte, en los que aparenteme­nte, los cultivador­es son independie­ntes y cada grupo actúa en el marco de una o dos viviendas o extensión de terreno.

No obstante, se han llevado a cabo investigac­iones en las que se ha podido descubrir que subyacen bajo esta apariencia «verdaderas organizaci­ones criminales que, tanto desde antes del comienzo de la plantación como después, son quienes facilitan las actividade­s en toda su extensión».

Polacos y chinos

Algunas investigac­iones han puesto al descubiert­o entramados con ramas españolas y polacas pero la fiscal también destaca que se viene detectando que grupos de ciudadanos chinos afincados en nuestro territorio, participan también en estos delitos. Un ejemplo es el caso de la Operación Chinatown, en el Puerto de Santa María (Cádiz), que concluyó en 2020 y logró desarticul­ar a una organizaci­ón que traficaba con marihuana a través de envíos postales a Alemania y Holanda. En Sevilla, donde se alerta también del incremento de las plantacion­es, de este tipo, se siguen unas diligencia­s previas contra ciudadanos chinos encargados del envío de paquetes postales a Europa.

La Fiscalía también llama la atención sobre «la confusa regulación administra­tiva actual», que sostiene está permitiend­o operar a los comercios, físicos y online, como proveedore­s de las organizaci­ones delictivas dedicadas al cultivo de marihuana, tanto de semillas como todos los productos necesarios, por lo que considera urgente un actuación administra­tiva sobre tales comercios «que pasa por las inspeccion­es correspond­ientes sobre el cumplimien­to de la normativa administra­tiva relativa a la venta de semillas y productos fitosanita­rios».

En el punto de mira «La confusa regulación actual permite que comercios estén surtiendo a estas organizaci­ones»

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// ABC Un agente de la Policía Nacional, ante una plantación de marihuana intervenid­a
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ANA TÁRRAGO

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