Plus de productividad
Cuando la aplicación ligera del principio de reinserción acaba en tragedia, alguien tiene que asumir las consecuencias
ES un tópico de comentaristas resaltar que «en cualquier democracia avanzada», o incluso «normal», los gobernantes asumen responsabilidades, u obligan a asumirlas a sus subordinados, cuando cometen un error o toman una decisión lesiva para los ciudadanos. Pura melancolía política en una España donde nadie se responsabiliza nunca de nada que ocurra, como dicen los anglosajones, bajo su guardia. Viene la reflexión al caso del crimen de Lardero y el ministro Marlaska, último ejemplo (por ahora) de encogimiento de hombros ante una desgracia que no sólo pudo y debió haber sido evitada sino que tiene relación directa con una mala o irregular aplicación de la ley penitenciaria. Un niño ha sido asesinado por un delincuente sexual reincidente al que se le concedió la libertad provisional hace un año pese a poseer un historial incompatible con cualquier tipo de alivio carcelario. Y aunque sus incomprensibles permisos –¡¡hasta 39!!– se remontan a casi una década fue bajo el actual Gobierno cuando salió a la calle con menos de tres cuartas partes de cumplimiento de la última pena. Se trata pues de un expediente en el que se ha manejado el principio de reinserción con inquietante ligereza y la sociedad tiene derecho a que alguien dé explicaciones sobre una medida de tan graves consecuencias. Como mínimo algo más explícito que la frívola excusa de que la derecha «instrumentaliza» la tragedia.
Porque sucede que es este Ministerio del Interior el que ha establecido un incentivo económico de «productividad» a los funcionarios de Prisiones por la concesión de permisos y progresiones de grado. Que la junta de tratamiento de la cárcel había votado en contra de otorgárselos al criminal riojano. Que fue el departamento de Marlaska el que revocó a favor del reo el criterio de los técnicos y el que se desentendió del riesgo de que un tipo con esos antecedentes viviese junto a un parque y un colegio. Y esos hechos objetivos están al margen de la controversia sobre la prisión permanente revisable, invocado con oportunismo por la izquierda para desviar un debate que además no cabe en esta ocasión por tratarse de una condena dictada mucho antes.
Lo que sí cabe es la discusión sobre la propensión de este Ejecutivo a las excarcelaciones anticipadas y otros beneficios, producto de un sesgo ideológico que tiende a minusvalorar la importancia del castigo como reparación social del delito y olvida o minimiza la condición no reinsertable de algunos convictos. También procede recordar que este modelo permisivo es la base del trato benigno dispensado a los presos por terrorismo sin más contrapartida que la firma de un formulario de arrepentimiento ambiguo. Y ése ya es un terreno jurídicamente resbaladizo porque se vuelve inevitable la idea de que el verdadero ‘estímulo productivo’ de esos movimientos es político y tiene relación con los votos de Bildu.