Ribera acelera la desconexión de regadíos ilegales en el mar Menor
Dos meses después de la última crisis ambiental del mar Menor y de rechazar por «desfasado» el Plan de Vertido Cero del PP, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó ayer un nuevo marco de actuación para la albufera con 34 puntos y una dotación de 382 millones de euros hasta 2026 –149,65 millones presupuestados para 2022 y 2023–, en el que la intervención más urgente será frenar «las contribuciones que generan daños al mar Menor», como las que provienen de los regadíos ilegales, de aguas residuales o de explotaciones ganaderas.
Para ello, el plan incluye medidas para la reordenación del dominio público hidráulico, la creación de un ‘cinturón verde’ frente a la laguna o mejoras en saneamiento, depuración y gestión del riesgo de inundaciones. Pero, a corto plazo, la principal medida será acelerar el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Segura para tener concluidos a finales de 2022 los expedientes sancionadores sobre los regadíos ilegales y proceder a la desconexión de las instalaciones de riego en las zonas sin derechos. Junto a estas medidas, también se revisarán las autorizaciones de vertidos de aguas residuales y se controlará las explotaciones ganaderas.
Además, el plan contempla la redefinición del dominio público marítimo terrestre para «incorporar los terrenos con características naturales propias del mismo» y la recuperación de ocupaciones ilegales, así como la renovación y mejora de la Rambla del Albujón. También se impulsará la recuperación de especies amenazadas del ecosistema como la nacra o el caballito de mar.