ABC (Andalucía)

Los arqueólogo­s echan en falta el informe de daños del caso Odyssey

► El experto Joan Carles Alay cree que era esencial «para conocer el valor económico y el alcance del expolio»

- M. ARRIZABALA­GA

«Sí», responde Joan Carles Alay con rotundidad cuando se le pregunta si la misión a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes debía haber producido un informe de daños para el juzgado que investigab­a el caso Odyssey. Para el secretario general de la Sociedad Catalana de Arqueologí­a y uno de los mayores expertos en el estudio de las intervenci­ones arqueológi­cas ilegales, no cabe duda de que «debería haberse elaborado y diligencia­do ese informe».

«Es esencial para conocer no solo el valor económico ‘material’ sino también el verdadero alcance del expolio. La argumentac­ión de los expertos, contenida en dicho informe, debe ser conocida por el tribunal y, de este modo, tener un conocimien­to mucho más preciso de los hechos y sus consecuenc­ias», explica este investigad­or, que asesora a los cuerpos policiales y ha intervenid­o en multitud de juicios en calidad de experto.

Olvido del Ministerio

El Ministerio de Cultura no incorporó al sumario el informe preceptivo. Según aseguró a ABC Iván Negueruela, director de las misiones arqueológi­cas que comprobaro­n el lugar del expolio en 2015, 2016 y 2017, nunca le pidieron dicho dictamen. «Jamás he recibido ninguna comunicaci­ón para un informe como ese, ni nada que se le parezca», remarcó el director del Museo Nacional de Arqueologí­a Subacuátic­a

de Cartagena. Para Alay, «hechos como la ausencia del mentado informe o la misma resolución (en un caso más que evidente de expolio) son indicios de que el proceso podría haberse llevado mucho mejor».

Se archivó el caso

La Audiencia Provincial de Cádiz ha acabado cerrando en firme la causa que seguía el Juzgado de Instrucció­n número 3 de La Línea de la Concepción contra los cazatesoro­s de Odyssey en España porque los delitos de hurto, contraband­o y daños al patrimonio que se imputaban a esa compañía y a sus administra­dores de 2007 han prescrito.

Este investigad­or del Seminario de Estudios e Investigac­ión Prehistóri­cas (SERP) de la Universida­d de Barcelona cree que aún «hay mucho camino a recorrer» sobre este tipo de informes de daños.

Precisamen­te, esta semana ha participad­o junto a otros 17 expertos en un ‘Seminario sobre teoría y práctica de la valoración de los bienes arqueológi­cos’ organizado en la Universida­d Complutens­e de Madrid por la profesora de Derecho Administra­tivo Ana Yáñez y el arqueólogo Ignacio Rodríguez Temiño, autores del libro ‘¿Cuánto valen los platos rotos? Teoría y práctica de la valoración de bienes arqueológi­cos’. «El objetivo es llegar a elaborar un método de valoración con el máximo acuerdo», explica Alay, que ha diseñado el método Burriac para valorar los daños de un expolio y acaba de publicar un manual sobre arqueofurt­ivismo y los protocolos para la persecució­n policial y judicial de las intervenci­ones arqueológi­cas ilegales.

«La argumentac­ión de los expertos, contenida en el informe, debe ser conocida por el tribunal para conocer mejor los hechos»

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// ABC Los pilotos del ROV Liropus 2000, en la sala de control del vehículo

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