La subida «excesiva» de sueldos suma una segunda condena en el caso Invercaria
► La Audiencia de Sevilla impone otros dos años de prisión para el expresidente Pérez-Sauquillo
Al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo se le empiezan a acumular las condenas. En marzo de 2020 la Audiencia de Sevilla le imponía tres años y medio de cárcel por las irregularidades en la concesión de un préstamo de 100.000 euros en 2009 a una empresa jiennense que pretendía lanzar una «línea erótica» de aceitunas de mesa con el dinero público. Año y medio después llega la segunda condena para Pérez-Sauquillo por su gestión entre 2005 y 2010, con el PSOE en los gobiernos andaluces, en este caso por las subidas «excesivas» de su sueldo y el de otros directivos.
Se libró en la pieza de la diseñadora cordobesa Juana Martín. Y actualmente está en pleno juicio por la pieza de Fumapa. Ahora la Audiencia lo ha condenado a dos años y tres meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación por malversación y lo ha absuelto del delito continuado de prevaricación por el que fue juzgado por el incremento «arbitrario» tanto de sus propias retribuciones como de las de otros trabajadores de Invercaria.
También ha sido condenado el ex director financiero Antonio Nieto como cooperador necesario en un delito de malversación. En este caso, le ha impuesto un año, un mes y quince días de prisión. Las penas se han rebajado porque el tribunal precia la atenunante de dilaciones indebidas.
Mejor suerte han corrido los otros dos exdirectores Cristóbal Cantos y Juan María González, sobrino del que fuera presidente del Gobierno Felipe González. Han sido absueltos de falsedad documental y malversación después de ser juzgados por no devolver los préstamos personales recibidos de Invercaria.
Pérez-Sauquillo, desde que asumió la presidencia de Invercaria en 2005., tenía competencias para contratar empleados y fijar sus salarios y puestos de trabajo. Éste, según el tribunal, «decidió personalmente», al menos, la contratación de Antonio Nieto, Cristóbal Cantos y otros trabajadores, «a los que fijó el salario inicial que él decidió libremente, sin recabar ninguna suerte de informe previo o autorización de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, pese a que así lo exigían las sucesivas leyes de Presupuestos bajo sanción de nulidad». Fue una «decisión personal». Pero no sólo decidía sus salarios, sino los sucesivos aumentos, para lo que contó con la colaboración necesaria de Antonio Nieto, el jefe financiero de facto. Por ejemplo, el propio Nieto pasó de cobrar 26.000 euros a su contratación a más de cien mil euros antes de 2010. Pérez-Sauquillo empezó con un salario de 108.000 euros hasta cobrar 152.000 euros en 2008 o 140.000 euros en 2009.
Para la Audiencia, ambos condenados decidieron incrementar sus sueldos y las de otros trabajadores para así «enriquecerse a costa de fondos de Invercaria que procedían de la Consejería a través de la agencia IDEA». Con fondos públicos. Sólo se preocupaban de que esas subidas se reflejaran correctamente en las nóminas, «abonadas con cargo a los fondos de Invercaria», lo que constituye un delito de malversación. Y fue continuado durante varios ejercicios. Desviaron los fondos de su destino previsto.