«EL MENSAJE DE QUE ESPAÑA NO HA HECHO POR LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LO QUE DEBÍA ES PELIGROSO»
Se publica la primera guía integral de los derechos de los masacrados por el terror
«El mensaje de que España no ha hecho lo que debía por las víctimas del terrorismo es peligroso». Lo dice Carmen Ladrón de Guevara Pascual, profesora universitaria y abogada de la AVT que acaba de publicar ‘Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo’ (Ed. Colex), la primera guía de los derechos procesales y extraprocesales para la reparación y la justicia de los masacrados por el terror.
Su reflexión viene a cuento de la queja sobre un supuesto desamparo generalizado que esta semana traía a Madrid y Vitoria a una comisión de la Unión Europea en una visita que levantó falsas esperanzas de solución exprés a los 315 crímenes que hoy siguen pendientes. Así, de un día para otro y por arte de euromagia. Esclarecer lo que en décadas no han podido jueces, fiscales, los cuerpos de seguridad... que, dicho sea de paso, se han sentido cuestionados por sus señorías de Bruselas. Como si esto fuera un Estado fallido, Venezuela mismo. Qué ingrato y qué injusto.
«Las víctimas siempre han confiado en el Estado de derecho, nunca se han tomado la justicia por su mano... Se han hecho muchas cosas, pero no se les ha explicado. Ese es el problema, que no lo saben, y ahí tenemos responsabilidad todos los agentes jurídicos», constata la autora. De aplicarse lo que expone en su libro, se hubiera evitado, por ejemplo, que las víctimas sigan a día de hoy recibiendo exhortos incomprensibles para comparecer como testigos de remotos atentados de los 70 para los que nunca se les requirió nada. O que en 2000 el propio Gobierno tuviera que abrir un programa para localizar a otros 368 afectados que tenían reconocidas indemnizaciones por sentencia. No las reclamaban porque, simplemente, no tenían noticia de ellas.
En este manual, suma de toda legislación que interesa a las víctimas, confluye el impenitente afán estudioso de la autora –un conocimiento normativo oceánico, a prueba de Trivial– y su no menos perseverante militancia en las bancadas de la Audiencia Nacional. A saber. Con 22 años, estando todavía en la Facultad, Carmen Ladrón de Guevara asistió como oyente a un juicio a miembros del entorno de ETA, Jarraiz. «Era 14 de febrero de 2005», recuerda. El impacto fue profundo, ya no dejó de acompañar a víctimas para ofrecerles apoyo, del humano y del legal, ante los tribunales, ella ya como voluntaria de la AVT.
«Me empezó a chocar la falta de información, que se enteraran de sus juicios por la prensa», eso no lo olvida. Tampoco la tensión en los pasillos enturbiados de odio y de humo de cigarrillos del antiguo edificio, tan oscuro, donde los familiares de los terroristas desafiaban a los de las víctimas, cuando no a víctimas solas –viudas, los hijos– en las largas esperas compartidas a la fuerza en un minúsculo rellano.
Estar a la altura
Y saltamos a finales de 2020. La abogada va a la Audiencia junto con otra víctima, herida grave en un atentado 17 años antes, una mujer con lo peor ya superado, a la que citan de nuevo. Pide no ver al etarra, que no la saquen en la tele. Pues acaba cara a cara con el indeseable aquel y su declaración, la de ella, dando vueltas dos días en los medios. Encima se dicta absolución y nadie se lo comunica, tiene que leerlo en el periódico. Todo al revés. «Han pasado 15 años y seguimos sin estar a la altura», reconoce la letrada que pensó. Y que había llegado la hora de hacer compendio de lo que está a disposición de estas personas para su protección pero que desconocen, o no entienden, y cómo no, de hacer relación de lo que se podría mejorar.
A la luz de esta guía cabe preguntar el por qué de un especial auxilio para estos damnificados y no para los de otros delitos. «Son víctimas simbólicas, algo más que víctimas privadas, no se les atacó por ser quienes son, sino para atacar al Estado a través de ellas», es una de las razones. Amén. Otra, que solidarizarse con ellos es pieza clave de la lucha antiterrorista en tanto refuerza la resiliencia. A pesar de ello, han sido «las grandes olvidadas del procedimiento penal». Los invisibles. Antes del juicio, durante y sobre todo, después, en la ejecución.
El libro lo explica en el anexo de ‘Buenas prácticas’ –la parte más accesible, expresamente orientada a ser manejada por las víctimas–, en la que se enumeran sus derechos a saber de las detenciones que les atañen, a ser informados como si estuvieran personados en la causa, para poder recurrir un sobreseimiento, permisos, cualquier mejora de situación penitenciaria, una libertad condicional... De lo más oportuno recordarlo justo ahora que las progresiones de grado y los acercamientos al País Vasco de presos de ETA son una tromba, contra del criterio de las Juntas de Tratamiento de las cárceles si es menester, y cualquiera diría que este Ejecutivo prepara terreno para una amnistía.
Se trata en fin de «que se aplique el Estatuto de la Víctima del Delito de 2015 a las víctimas del terrorismo», que la autora reivindica convertir en un código de derechos.
El Ministerio del Interior reconoce como víctimas del terrorismo a 10.414 personas. 1.448 son fallecidos. 4.977 heridos. No hablamos solo de curados de una esquirla y a casa, hay grandes parapléjicos, mutilaciones terribles, los que no han vuelto a pegar ojo en esos duermevelas plagados de monstruos... Y en la cifra oficial no están ni mucho menos todos.
Ladrón de Guevara menciona que la primera víctima del terror, Begoña Urroz, asesinada por el DRIL en 1960, «tardó en ser reconocida como tal 50 años». No vale analizarlo con ojos de 2021, avisa, sino «con los medios y protocolos vigentes en el momento del atentado». Al principio, inexistentes. Eso explica que haya víctimas que jamás se acercaran a la administración, ni recibieran una mínima asistencia quizás vital –un dinero, un psicólogo...– y también, en parte, que la mitad de los asesinatos no aclarados sean anteriores a 1980.
«Un caso sin resolver no es un error del sistema ni significa que España haya incumplido la obligación de investigar», defiende. Y que eso es a lo que tienen derecho las víctimas, «a una investigación, que no a una condena», advierte fiel a su convicción de que a estas personas hay que hablarles «con sinceridad, no engañándoles». Con comisiones que vienen a arreglar en una tarde lo que España lleva intentando una vida.