Nicaragua se dispone a consolidar hoy un régimen de partido único
► Daniel Ortega ejecutará una ‘simulación electoral’, pues toda la competencia real ha sido encarcelada ► Con un férreo control policial, ningún organismo de observación internacional supervisará el proceso
Lo que serían las elecciones más esperadas en la historia reciente de Nicaragua, han terminado en una pesadilla incierta. El régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sepultó la salida democrática a la crisis sociopolítica que el país arrastra desde hace tres años, y ha convocado a unos comicios con todas las de ganar. Hoy no se espera suspenso alguno. Con los candidatos de la oposición en la cárcel y un férreo estado policial, este domingo será un día atípico, y a la vez oscuro para los nicaragüenses que parecen no inmutarse ante unas elecciones que llevan la etiqueta de farsa.
La confianza en el proceso empezó a extinguirse a medida que Ortega reafirmó sus aspiraciones de ser el único candidato que gobierne el país. Según todas las encuestas, y el recuento de las jornadas de verificación ciudadana, la población se mostraba deseosa de ir a las urnas. La mayoría creía que así se le podía poner fin a una crisis que afecta cada vez más el bolsillo de miles de familias. Desde 1990 –cuando la guerra entre los sandinistas y los contrarrevolucionarios desangraba a la nación–, los nicaragüenses no depositaban sus anhelos en un proceso electoral. Sin embargo, todo cambió a partir de mayo, cuando Ortega y Murillo elevaron la escalada represiva a nuevos niveles.
Primero fueron unas reformas electorales tachadas de «cosméticas» por la oposición y la comunidad internacional. Luego, la reafirmación del control en el Poder Electoral, a través de magistrados con clara fidelidad al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de gobierno. Y después, una violenta e inesperada cacería de opositores, empresarios, campesinos y líderes estudiantiles. El régimen mantiene en prisión a siete aspirantes presidenciales que decidieron retar al sandinismo en las urnas, no sin antes quitar de la contienda a los dos únicos partidos que contaban con un mínimo de credibilidad.
Así, sin competencia, nadie espera ninguna novedad. Ni siquiera aquellos politólogos que viven de hacer proyecciones. «En esta película no hay suspenso, no hay sorpresa», aseguró a ABC el sociólogo nicaragüense José Alcázar, uno de los intelectuales que apoya el abstencionismo como una forma de castigo ante las elecciones sin competencia. Como muchos, asegura que no sacará ni un dedo de su casa en el día de las elecciones. De nuevo, tal como sucedió en los comicios generales de 2016, los nicaragüenses se encuentran en la disyuntiva de la abstención o el voto nulo. Para algunos esa será la única decisión que vale la pena tomar.
En las calles de Managua apenas se asoman diminutos carteles con el rostro de candidatos que pocos conocen, y cuyo historial político es intrascendente. En contraste, la figura de los mandatarios sandinistas permanece eternamente expuesta en carteles gigantes regados en las fachadas de las instituciones del Estado. La ciudad sigue su vertiginoso ritmo de siempre, sin inmutarse por mítines ni políticos en campaña. El FSLN, el partido que antes era una guerrilla que derrotó a la dinastía de los Somoza en 1979, dará la estocada final a la frágil democracia nicaragüense en unos comicios controlados en su totalidad por el aparato del partido. El pasado miércoles fue el fin de una silenciosa y tímida campaña en la que nadie destacó, ni siquiera los todopoderosos gobernantes. Ortega no salió
de su residencia ubicada en el centro de la capital, más que cuatro veces, una de ellas acompañado por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Atrás quedaron los años en los que el caudillo sandinista mostraba su buena condición de salud e iba a cada barrio de la ciudad en su Mercedes Benz.
La máquina de la represión
El control es tal que, incluso con toda la oposición descabezada y la victoria asegurada, el Consejo Supremo Electoral (CSE) impuso una campaña electoral virtual al prohibir los eventos masivos. Además, cualquier intento de actividad proselitista tendría que haber sido aprobado por la Policía Nacional, una de las instituciones más represiva del Gobierno, señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber cometido crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes de las protestas de abril de 2018, y cuyo saldo de muertos ronda los 327, según dicho organismo.
No hubo un cierre rimbombante ni palabras elocuentes de los mandatarios que, según las encuestas, enfrentan su peor racha con una aprobación del 19%, según CID Gallup. De todas las campañas que el eterno candidato del FSLN ha liderado desde su regreso al poder, en 2007, esta es la que revela su consumida imagen de político tradicional. Prefirió quedarse en casa, y salir únicamente en escenarios controlados con solo la parafernalia que coordina el gabinete de Murillo.
Tampoco los cinco partidos habilitados para la competencia destacaron por sus discursos o promesas. Los candidatos considerados de poca monta pasaron desapercibidos. En el período de campaña electoral, las actividades políticas realizadas por estas agrupaciones tachadas de colaboracionistas reflejaron escenarios sin multitudes, debido a las restricciones impuestas por el CSE. «Antes había un fraude, pero esto es una farsa total. Los únicos candidatos de oposición están presos. Solo están a la espera de cumplir con este rito de paso, para luego intentar legitimarse con ciertos actores. Todo es un simulacro», opinó el sociólogo Alcázar.
En este momento, la única certeza es que la pareja presidencial ha logrado –a través de la fuerza— atornillarse nuevamente en la silla presidencial por un tiempo indefinido. «Para el régimen, era vital el control del juego político nacional para mantener el poder autoritario; la represión fue el camino escogido para su sobrevivencia y evitar la pérdida del poder. La lógica implementada por Ortega-Murillo fue derribar todo, volar todo, quemar todo por la ambición y el deseo de mantenerse por cualquier medio», aseguró por su parte el politólogo Óscar René Vargas, disidente del sandinismo.
Desconocer los resultados
Después del 7 de noviembre hay más dudas que certezas. De momento, la oposición en el exilio confía en que la comunidad internacional desconocerá los resultados que salgan ese día. Desarticulados, con todos sus liderazgos en prisión y sin presión interna, los movimientos que retaron al poder viven sus días más difíciles, pero prometen lucha desde la clandestinidad. Han depositado su estrategia en las fichas que puedan mover instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha amenazado con expulsar de manera temporal a Nicaragua del Consejo Permanente y aplicar la Carta Democrática Interamericana, una medida que podría poner en aprieto las débiles finanzas gubernamentales. Pero también confían en los Estados Unidos y su Ley Renacer, que se presenta como el más reciente cartucho contra el régimen. La legislación estadounidense ha sido aligerada, y se encuentra a la espera de la firma del presidente Joe Biden para que entre en rigor. Se trata de una medida punitiva que contempla sanciones más fuertes contra funcionarios sandinistas y extiende dicho marco al Ejército, acusado de cooperar con el Gobierno nicaragüense en labores represivas. No obstante, el gran talón de Aquiles está en la revisión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-Cafta), una acción drástica que debilitaría la economía de la nación.
Pero antes de que se empiece a hablar de la inminente ilegitimidad, los nicaragüenses tendrán que llegar a la noche cuyos resultados están escritos, sin la necesidad de los votos.