«El objetivo de esta oficina es que no se vuelvan a repetir casos como los ERE o formación»
► Magistrado en la Audiencia de Granada, tiene el reto de poner en marcha la oficina contra la corrupción
Nació el 5 de abril de 1974 en Granada y en 2001 inició su carrera profesional con un primer destino en Purchena (Almería). Su trabajo ha estado muy vinculado a la lucha contra la corrupción y era juez en Palma de Mallorca en los inicios del caso Andratx. Llegó a Marbella en los peores años y fue uno de los jueces de la Malaya además de otros procesos muy mediáticos como el juicio a Sean Connery. Ahora dirige la Oficina de lucha contra el Fraude y la Corrupción que depende del Parlamento. —Para un juez suele ser difícil adaptarse a la vida civil. Y usted, además, tiene que crear toda una Oficina contra el Fraude.
—Es complejo y estoy preocupado. Es un reto ilusionante que tiene ciertas dificultades y estamos para tratar de solventarlas. Pero lo cierto es que no tenemos patrones estadísticos de carga de trabajo y eso va a dificultar la determinación de la dimensión correcta de la oficina para que sea eficaz. Pido cierto nivel de paciencia.
—Ya funcionan otras oficinas similares en Cataluña, Valencia y Baleares. Entiendo que se ha puesto en contacto con ellas.
—En estas dos semanas que llevo en la oficina me he dedicado a incorporar la andaluza a la red estatal de oficinas antifraude. El próximo 12 de noviembre voy a la primera reunión de la red estatal que se celebra en Barcelona.
—Yo me refería a si está copiando lo que ya funciona.
—Vamos a tratar de incorporar todo lo que nos pueda servir pero adaptándolo a la especificidad de una administración con casi 300.000 funcionarios, más de 800 municipios, una dimensión enorme que no es asimilable ni tan siquiera a Cataluña.
—Dígale a los andaluces para qué va a servir esta oficina.
—Cumple una labor que está determinada en toda la normativa internacional en relación a la incorporación de instrumentos administrativos eficaces que velen por la integridad, la objetividad, la imparcialidad y la legalidad en toda acción administrativa sea de la índole que sea. Quiero recalcarlo porque es la función más importante de la oficina, poner en marcha instrumentos para que la acción administrativa vele por la total objetividad y prevenir conductas de fraude y corrupción. —Habla de acción administrativa, ¿se va a poner el foco en los funcionarios? –Yo no sé si va a poner el foco ahí o dónde. Vamos a velar por la integridad de la acción administrativa en todas sus facetas de prevención del delito. No hablamos sólo de la malversación o de cohecho, no, no. Hay otras formas que tienen que ser objeto de corrección administrativa como el tratamiento procedimental o incorporar elementos que solapen la carga de trabajo de manera real. Hay conductas que infringen el código ético; no sólo vamos a perseguir las conductas más graves sino también los pequeños fraudes, corruptelas e infracciones.
–En Andalucía hemos tenido casos de corrupción muy sonados, empezando por los ERE o los cursos de formación. ¿Esta oficina los podría haber evitado?
–Completamente. Que lo tenga claro la ciudadanía. Uno de los objetivos es prevenir que situaciones como las que describe se vuelvan a repetir. Esas o cualquier otra que se puedan producir en cualquier partido político porque lamentablemente la corrupción ha sido transversal, no se pueden hacer elementos de criba por ideologías. Vamos a procurar que no se produzca.
–¿La corrución es innata a la clase política? ¿O a la condición humana?
–No quiero trasladar la idea de que la clase política es corrupta. No quiero trasladar esa idea porque no casa ni con las funciones de esta oficina ni con las funciones que he desarrollado como juez. Me rijo por el principio de objetividad, imparcialidad, legalidad y evaluación de las pruebas en cada caso concreto. Si ha habido casos de corrupción, se están investigando por los tribunales. En España hay muchísimas administraciones y el funcionamiento legal de cada una de ellas no sale en los medios. Lo que se hace público, y es normal, es cuando algo no funciona.
–La reserva de las investigaciones va a ser clave. ¿Cómo se va a garantizar la libertad de los funcionarios o de los denunciantes en los pueblos pequeños, en las oficinas locales donde hay pocas personas y todo se sabe?
–Es un problema grave, es cierto pero para eso está la ley. No sólo tiene funciones de investigación, prevención sino también de protección de las personas denunciantes. Habrá que adoptar medidas cautelares de carácter administrativo para evitar cualquier tipo de presión. Claro que es un problema y estoy pensando cómo darle solución.
–Esta oficina depende del Parlamento, una institución donde las presiones políticas son enormes...
–Uno parte de la tesis de que no va a recibir presiones. Cuando vayan llegando, ya se irán sorteando. Prefiero no pronunciarme todavía, para qué me voy a poner la venda si la herida no se ha producido.
–¿Quién va a poder denunciar?
–Cualquier persona e incluso de manera anónima tendrá la posibidald de denunciar siempre que sean hechos ciertos y verosímiles. Podrá dar a conocer cualquier conducta que pueda ser constitutiva no sólo de hechos de relevancia jurídico penal sino también de cualquier conducta de naturaleza irregular, fraudulenta o pequeñas corruptelas.
Ámbito de trabajo «No sólo vamos a prevenir las conductas más graves sino también los pequeños fraudes y corruptelas»
Los políticos «La corrupción es transversal pero no quiero trasladar la idea de que la clase política es corrupta »