El rapto ideológico de la salud mental
«Los ideólogos han redactado una Ley de Salud Mental, a punto de ser tramitada en el Congreso, que ha creado estupor en el mundo científico y ha generado el rechazo unánime de la Sociedad Española de Psiquiatría y de todas las sociedades científicas relacionadas con la salud mental. Definen los ideólogos la salud mental como una verdad objetivable y de naturaleza socioeconómica que debe ser regulada por el Estado»
HE buscado una definición universal de la de salud mental entre los grandes filósofos y, por supuesto, no la he encontrado. Platón, Marco Aurelio o Kant postularon sobre las cualidades de una buena amistad, o las virtudes morales de los gobernantes, o sobre la naturaleza metafísica de la ética. Pero no sobre cómo definir al sujeto mentalmente sano. Ni siquiera la Medicina se ha atrevido a definir la salud como algo más que la ausencia de enfermedades y de desequilibrios importantes. No es posible entender el concepto categórico de ‘salud mental’ salvo que alguien superior dictamine cómo se ha de vivir la vida mentalmente sana.
Pues bien, los ideólogos han redactado una Ley de Salud Mental, a punto de ser tramitada en el Congreso, que ha creado estupor en el mundo científico y ha generado el rechazo unánime de la Sociedad Española de Psiquiatría y de todas las sociedades científicas relacionadas con la salud mental. Definen los ideólogos la salud mental como una verdad objetivable y de naturaleza socioeconómica que debe ser regulada por el Estado. Dictan las normas y costumbres que deben tener los ciudadanos para ser sanos mentales respecto a las diferencias de género, a las actitudes políticas y sociales, o a las normas morales. También define cuáles son las necesidades psicosociales que deben ser cubiertas para llevar al ciudadano al estado objetivo de salud mental. Una vez cubiertas estas necesidades, se entiende que el sujeto deberá sentirse bien y no podrá ya sentirse enfermo. Las propias enfermedades mentales existirán si son aprobadas por la ley, y su propia naturaleza vendrá recogida en dicha ley, que no recogerá el saber de la comunidad científica internacional, sino el influjo de algunos, como dice literalmente, «filósofos contemporáneos» (se refieren a Foucault, aunque el proyecto carece de referencias bibliográficas). En plena apoteosis anticientífica, la ley dictará a los profesionales de la salud mental los tratamientos que debe utilizar y los que están prohibidos aunque se haya demostrado su eficiencia, pasando por encima de todas las guías de práctica clínica nacionales e internacionales. Los pacientes suicidas o delirantes decidirán si quieren o no ser tratados y qué tratamientos están dispuestos a aceptar. Si alguien duda de que este disparate es real, puede consultarlo en el BOCG de 17 de septiembre de 2021.
Para los ideólogos, la salud mental no es el resultado de la ausencia de trastornos mentales, sino un estado que se alcanza con la desaparición de la pobreza y de la opresión que ejercen las estructuras de la sociedad conservadora. Las distintas opresiones laborales, culturales o morales impiden al sujeto alcanzar la merecida salud mental. Los trastornos mentales no son enfermedades, sino meras construcciones sociales que perpetúan la opresión y ahogan las divergencias y las disidencias. El documento no menciona ni una sola vez las palabras cerebro, neurobiología o investigación. Medio siglo después, los ideólogos avivan los rescoldos foucaultianos y proclaman que lo que el paciente necesita no son médicos ni psicólogos, sino libertadores sociales. En concreto, a los mismos que han engendrado el proyecto de ley.
A pesar de este disparate, las enfermedades del ánimo, del intelecto y de las conductas son tan antiguas como la Grecia clásica, donde los médicos ni siquiera las llamaban enfermedades mentales y las consideraban dolencias físicas (de la ‘physis’) como al resto de enfermedades. El primer hospital para enfermos psiquiátricos se creó en la España del siglo XV, en Valencia, por el mercedario padre Jofré, para cuidarlos y para evitar que se les tomara por degenerados o delincuentes. El racionalismo imperante en el siglo XVIII provocó una mayor exclusión del loco irracional, como si su padecimiento dependiera de su libre voluntad, pero por otra parte abrió el paso a la ciencia que se ocupó durante dos siglos de estudiar los mecanismos biológicos y las leyes psicológicas que rigen estas enfermedades. Durante los últimos cincuenta años se han producido grandes avances en el conocimiento y en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas que han mejorado radicalmente la vida de las personas afectadas. Las aportaciones de la neurociencia, la biología molecular, la farmacología y las psicoterapias han sido extraordinarias y han devuelto a estas enfermedades al ámbito de la Medicina, del que nunca debieron salir. Aún nos falta mucho por conocer, pero sabemos que el único camino es la investigación científica permanente y sin atajos.
Erradicar la pobreza es una necesidad social y moral, pero pretender que las enfermedades psiquiátricas desaparecerán al mejorar el nivel económico es imperdonable científicamente. Los ideólogos desnaturalizan las enfermedades psiquiátricas y las ponen al mismo nivel que el malestar social, mezclando las políticas económicas con la esquizofrenia como quien mezcla la gastronomía con el cáncer de páncreas. Para la madre de una persona con delirios o con drogadicciones que le abocan a la muerte o al suicidio, la opción de culpar a la sociedad no ayuda a la curación de su hijo ni a la disminución de su sufrimiento. Solo la respuesta humanista, decidida, científica y social desde la Psiquiatría puede ayudar a la recuperación del paciente.
La salud mental está sin duda asociada al bienestar material y social, pero también y mayormente a otras cualidades personales como el esfuerzo, la honestidad, la generosidad o la capacidad de trascendencia. La salud no se puede establecer por ley, sino mediante el apoyo a la prevención y al tratamiento de las enfermedades. La misma existencia de una ley de salud mental es en sí estigmatizante para los trastornos mentales, excluyéndolos del tronco común de las enfermedades.
Los ideólogos de la salud mental perpetran un doble acto perverso, oculto bajo su benéfico afán. Un primer acto de soberbia, desoyendo las innumerables evidencias científicas de las últimas décadas y creando una realidad a su medida. Y un segundo acto de narcisismo, por el que aspiran a convertirse en líderes de un colectivo supuestamente oprimido. Sólo así se explican los disparatados contenidos del Proyecto de Ley de Salud Mental.
Hemos tenido que padecer la pandemia del Covid-19 para que se evidencien como nunca las carencias asistenciales de la salud mental. Pero en estos momentos los profesionales y los ciudadanos no necesitan leyes, sino unos recursos sanitarios suficientes que aseguren un trato digno y humanizado de los pacientes. Este es un tiempo para la clínica y para el tratamiento, no para hacer demagogia con las enfermedades.