Aprobada la uniformidad que permite lucir tatuajes a los guardias civiles
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto por el que se regula el uso general del uniforme de la Guardia Civil, que por primera vez autoriza que los tatuajes sean visibles vistiendo el uniforme, «siempre que no contengan expresiones contrarias a los valores constitucionales, que atenten contra la disciplina o la imagen del Instituto Armado».
Con esta norma se pretende establecer la regulación del uso general del uniforme del Cuerpo y de la imagen externa de quienes lo porten, derivando a una orden ministerial su desarrollo posterior, según ha explicado la Guardia Civil.
El real decreto se aplicará al personal del Cuerpo, alumnado, retirados y personas ajenas a la Guardia Civil a las que se les autorice de forma excepcionalmente hacer uso del uniforme o réplicas del mismo para representaciones u otras actividades de carácter cultural o social. Asimismo, se podrá aplicar a los procesos selectivos para el próximo ingreso.
La nueva norma permite los tatuajes visibles al vestir el uniforme de la Guardia Civil siempre que no sean ofensivos por su contenido contrario a los valores constitucionales, a las autoridades, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen del cuerpo.
Es un régimen más permisivo que el actual y corrige una discriminación por razón de género, ya que los hombres si podían llevar tatuajes en las piernas al no ser visibles con el pantalón que estaban vedados para las mujeres al vestir falda.
Prohibidas las argollas
El real decreto sí prohíbe las argollas, espigas, inserciones, automutilaciones, pegatinas, dilataciones y similares, así como los implantes microdermales o subcutáneos y perforaciones distintas a las destinadas para el uso de pendientes, cuando sean visibles al vestir las prendas comunes del uniforme para el personal masculino y femenino en sus diferentes tipos y modalidades de uso general.
La tramitación de la norma se enfrentó a algunas críticas internas de asociaciones profesionales por el plazo de un año para eliminar los tatuajes que se lucieran en cabeza, cuello y manos. A finales de octubre, el Ministerio del Interior renunció finalmente a su prohibición, a pesar de contar con el aval del Consejo de Estado, que veía «prudente» ese plazo de un año al considerar necesario resguardar el servicio que se presta al ciudadano.