Luz verde a la nueva plusvalía municipal, que encarece el pago a algunos ciudadanos
► Hacienda aprueba dos sistemas de cálculo de la base imponible, pero hacerlo por decreto enturbia su legalidad
La plusvalía municipal vuelve a estar en vigor. El Gobierno aprobó ayer vía decreto el nuevo método de cálculo del impuesto, que incluye novedades en su configuración para adecuarse al marco legal tras el varapalo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce ya que, ahora, algunos contribuyentes verán incrementada la factura que pagan.
A partir de hoy, cuando entrará en vigor la norma, para calcular la base imponible se podrán usar dos sistemas▶ aplicar unos coeficientes sobre el valor catastral en función del número de años transcurridos desde la transmisión o usar la diferencia entre valor de compra y de venta. La intención es recoger la situación real del mercado inmobiliario. En este sentido, el decreto permite escoger al contribuyente la opción más beneficiosa para el cálculo del tributo y, en ningún caso, llegar a tributar en las situaciones en que no haya incremento de valor.
Los citados coeficientes serán los que aprueben los ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder ciertos parámetros en función de los años de tenencia, y se les da seis meses para adaptarse a la nueva norma. Así, por ejemplo, en la parte baja, en aquellas transmisiones inferiores al año, el coeficiente será de un máximo de 0,14, y en aquellas transacciones en las que han transcurrido 20 años o más, de 0,45. El coeficiente más bajo se da entre los 10 y 13 años de tenencia, con un máximo de 0,08. Esto son valores máximos ya que los ayuntamientos tendrán competencia para rebajar el valor catastral o los coeficientes.
Ventas en menos de 1 año
Uno de los grandes problemas que dejará esta modificación está en sus efectos. El decreto entrará en vigor este martes, 9 de noviembre, y no contará con efectos retroactivos, con lo que se abre una situación de vacío normativo entre el 26 de octubre, día en que está fechada la sentencia del Constitucional, y el 9 de noviembre, cuando entra en vigor el nuevo sistema.
Más allá de ello, también se fijará un coeficiente (de máximo 0,14) a aplicar a aquellos casos en que la transmisión se dé en menos de un año. Hasta ahora no se pagaba por las transmisiones realizadas en el plazo de un año desde la adquisición. Ahora, Hacienda también gravará esas situaciones para evitar la especulación.
Estas últimas transacciones verán incrementadas su factura al entrar ahora a tributar, pero también ocurrirá en algunos casos respecto al sistema actual. En uno de los ejemplos que presenta Hacienda, una vivienda es adquirida en 2017 por 310.000 euros y se vende en 2021 por 350.000 euros. En la fecha de venta el valor catastral total es 100.000 euros, de los que 60.000 representa el valor catastral del suelo. En este caso, entre los dos nuevos sistemas, el de coeficientes le sale mejor al contribuyente con un pago de 3.060 euros. Lo que oculta Hacienda en este caso es que con el método anterior a esta reforma se pagaría menos en este supuesto. Utilizando el sistema que había hasta ahora vigente, el resultado, utilizando los máximos que establece la ley estatal, arroja un pago de 2.664 euros, según cálculos de este periódico utilizando los mismos supuestos que el ministerio de María Jesús Montero.
No es la única duda que genera la nueva plusvalía. Distintas instituciones advirtieron ayer de que existe un riesgo de inconstitucionalidad en la regulación por ser aprobada mediante un decreto ley. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, aseguran que la nueva regulación «podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución», por lo que recomiendan que, una vez que sea convalidado, «se tramite como proyecto de ley».
Gestha cree que con la tramitación como proyecto de ley «se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro». En opinión de la organización, cada mes de ‘impasse’ supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones.
«La jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo. Podríamos asistir a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad», explicó por su parte la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
En el sector inmobiliario sí se respira algo más de tranquilidad con la nueva plusvalía. Sobre todo porque, tal y como publicó ABC, el limbo legal en el que ha vivido el sector durante las últimas dos semanas había generado un aluvión de consultas en las notarías. «El hecho de que se pueda escoger es positivo para el contribuyente, al igual que usar los datos del catastro porque el sector inmobiliario adolece de datos fiables y públicos», explica el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font.