La Fiscalía pide seis años para el expresidente de Invercaria al final del cuarto juicio
El cuarto juicio del caso Invercaria ha llegado a su fin. El tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzga las presuntas irregularidades en el préstamo de 300.000 euros con fondos públicos a la empresa jiennense Fumapa ha podido escuchar este lunes los informes finales de las partes personadas. La Fiscalía Anticorrupción, en su turno, ha expuesto que Invercaria «creó un sistema de subvenciones o ayudas encubiertas» a empresas a través de los préstamos participativos que concedió esta sociedad pública durante la gestión de Tomás Pérez-Sauquillo, el principal acusado en esta macrocausa de corrupción.
En el banquillo de los acusados, además de Pérez-Sauquillo, que ya cuenta con dos sentencias condenatorias en dos piezas separadas de Invercaria ya juzgadas, se sientan la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el ex director general de IDEA Jacinto Cañete (condenado a inhabilitación por el caso de los ERE); el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez. Para los cuatro primeros, la Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel por un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos.
En cambio, la Fiscalía ha modificado su escrito de conclusiones provisionales retirando la acusación contra el empresario Francisco Gutiérrez cuya participación en los hechos se limitaría a la de «partícipe a título lucrativo», y ha reducido la petición de pena respecto a Fulgencio Canales a un año y medio de cárcel. El abogado del PP-A, personado como acusación popular, se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía.
El fiscal anticorrupción Fernando Soto, en su informe final, ha subrayado que la gestión de Invercaria en la gestión del préstamo de 300.000 euros a Fumapa «nunca se fiscalizó». «Se hizo sin control», ha añadido.
Fumapa recibió en 2008 un préstamo participativo de 300.000 euros. La empresa, radicada en La Carolina, era auxiliar de Santana, industria que contaba con el respaldo del Gobierno andaluz. Fumapa se declaró finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.