Trabajo vuelve a señalar al campo con cartas masivas sobre fraude
▶ Asaja denuncia una campaña del Ministerio para «criminalizar» a un sector que se nutre de empleos eventuales
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz (Unidas Podemos), vuelve a poner a los agricultores en el disparadero de su plan de choque contra el fraude en la contratación temporal. En las últimas semanas, el Ministerio ha procedido al envío masivo de cartas a explotaciones agrícolas de Andalucía y otras comunidades autónomas en las que les acusa de cometer «irregularidades en la utilización de contratos temporales que superan los periodos máximos autorizados legalmente», según reza una de las comunicaciones dirigidas el pasado 25 de octubre a una empresa radicada en la provincia de Sevilla. Hay explotaciones que han recibido hasta tres modelos distintos de carta con pocos días de diferencia. En una de estas comunicaciones, a la que ha accedido ABC, se reprocha a un empresario olivarero que utilice esta fórmula contractual con algunas interrupciones para tratar de «enmascarar artificiosamente la contratación temporal fraudulenta continuada».
Trabajo conmina a los destinatarios a convertir los contratos de determinados trabajadores, que identifican con nombres y apellidos, en fijos de plantilla o indefinidos. «Aquellos contratos que no sean transformados serán objeto de la correspondiente actuación inspectora por la respectiva Inspección Provincial de Trabajo», un mes después de la recepción de las comunicaciones. Las misivas del ente adscrito al Ministerio terminan con una amenaza de sanción▶ «Los incumplimientos empresariales relativos a la transgresión de la normativas sobre modalidades contractuales se encuentran tipificados como infracción grave» en el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social».
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Andalucía, que ha identificado hasta cuatro modelos distintos de cartas, exige al Ministerio que cese lo que consideran como una nueva campaña para «criminalizar» y «demonizar» a su sector equiparando la temporalidad, habitual en el campo, con la precariedad.
El responsable del departamento jurídico-laboral de la organización, Felipe Gayoso, rechaza de forma tajante la «demagogia injusta» que se practica contra una actividad que, dado al carácter estacional de las campañas agrícolas, se nutre en su mayoría de empleos eventuales, «que era la pauta de contratación que marcaba la propia Administración».
La supuesta «explotación»
Los ánimos están muy caldeados entre los agricultores que aún no han olvidado la campaña que empredió la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hace año y medio, en la que ordenaba a las jefaturas provinciales que fueran al campo a detectar posibles casos de «explotación laboral» e incluso de «esclavitud» por parte de empresarios del sector.
Desde esta organización agraria cuestionan la legalidad de las cartas sin certificar, que creen que son elaboradas a través de máquinas robotizadas. «Es una campaña orquestada para perseguir al sector anticipándose a la reforma laboral que está preparando el Gobierno. Todo se está haciendo de espaldas al sector y sin tener en cuenta su idiosincrasia», advierte Felipe Gayoso.
«Un sector que es temporal no se puede inventar un carácter fijo discontinuo en labores que no lo son», advierte este responsable jurídico. Y lo ilustra con ejemplos concretos. El corcho se extrae cada siete u ocho años, que es lo que tarda en regenerar su corteza, por lo que «es un contrasentido» convertir los eventuales en fijos discontinuos. Luego está el problema de los temporeros extranjeros que trabajan en la campaña de la fresa de Huelva o la del olivar en Jaén. «¿Cómo vamos a hacer fijas a personas que no van a venir más?», se pregunta Gayoso.
Ayer hubo una reunión a nivel estatal de Asaja en la que se abordó la reforma laboral y donde también se puso de manifiesto la preocupación por el envío masivo de comunicaciones a empresas por parte de la Inspección de Trabajo. Hoy, se van a reunir los responsables jurídicos de la organización en las distintas provincias andaluzas y van a plantear entrevistarse con los jefes del organismo estatal para pedirles explicaciones. Desde Asaja no descartan tomar medidas más contundentes si la campaña no cesa.
«Es una campaña orquestada para perseguir al sector anticipándose a la reforma laboral que prepara el Gobierno»