Ley de odio a la Policía y la Guardia Civil
Sánchez entrega a sus socios a los custodios del Estado de derecho que ellos quieren destruir
LA nueva ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ (lo pongo entre comillas porque su intención es exactamente la contraria) constituye un monumento al odio que destila Frankenstein contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nacionales: Guardia Civil y Policía. Tan es así, que los integrantes del engendro pugnan por apuntarse el mérito de un texto cuyo propósito es dejar vendidos a los agentes ante cualquier manifestación de violencia callejera, privarles de instrumentos materiales y legales para hacer frente a esos episodios, colocarles a ellos y sus familias en la diana de cuantos especialistas en provocar disturbios quieran grabarles en el desempeño de sus funciones para posteriormente desvelar su identidad, por supuesto desde el cobarde anonimato, e invertir la carga de la prueba hurtándoles la presunción de veracidad de la que actualmente gozan sus atestados. Dicho de otro modo, humillar a policías y guardias civiles mientras resultan blanqueados y bendecidos con la máxima protección del Estado todo tipo de bárbaros, exaltados dispuestos a tomar como rehén a la ciudadanía cada vez que se consideren ofendidos, destructores del mobiliario urbano y demás ralea abundante en las filas del independentismo y la izquierda extrema. La inquina que profesan separatistas catalanes y vascos a los uniformados defensores de la Constitución viene de lejos. Por eso unos y otros se aseguraron el control de sus propios cuerpos de seguridad, Mossos y Ertzaintza, incentivados con sueldos muy superiores a los que perciben las fuerzas nacionales, en un agravio comparativo escandaloso al que ningún Gobierno ha puesto fin. Desde siempre, el máximo empeño de PNV, Bildu, ERC y compañía ha sido conseguir el monopolio de la ‘seguridad’ en sus territorios; es decir, la salida de policías y guardias civiles ajenos a sus manejos, leales a su juramento y obedientes a los jueces antes que a los políticos. Un sentido del deber que algunos, como los coroneles de la Benemérita Pérez de los Cobos y Corbí, han pagado recientemente muy caro, dada la infamia demostrada por el ministro Marlaska al castigarles por cumplirlo.
También Podemos tiene un largo historial de aversión a los encargados de velar por el orden público. Algo consustancial a su propia naturaleza, considerando los orígenes de la formación morada. Su fundador, Pablo Iglesias, se «emocionaba» (sic) viendo a una turba de fanáticos apalear a un policía caído. Su exdiputado, Alberto Rodríguez, fue condenado por patear a un uniformado en el transcurso de una protesta, e Isabel Serra, exparlamentaria convicta rescatada como asesora de Montero a cargo del contribuyente, se cebó con una mujer policía injuriándola del modo más obsceno y machista.
Los socios de Sánchez aborrecen a los custodios del Estado de derecho que quieren destruir. Lo sabíamos nosotros y él; de ahí sus pesadillas. Lo novedoso, lo repugnante, lo miserable, es que les entregue la cabeza de nuestros mejores servidores públicos para mantenerse en el poder.