El Gobierno solicita los 10.000 millones del primer tramo del fondo de recuperación
España ha solicitado ya a la Comisión Europea el desembolso del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según confirmó ayer el Ministerio de Hacienda. Bruselas dispone de un plazo de dos meses para verificar si se han cumplido todos los requisitos para desbloquear el dinero. Con este paso, España ha sido el primer país de la UE en hacer una petición formal para recibir el primer desembolso y lo ha podido hacer tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso. El primer desembolso dentro del plan de recuperación de España depende de 52 hitos y objetivos. El Gobierno asegura que todos ellos están ya cumplidos, por lo que el desembolso podría llegar antes de que finalice el año. Desde Hacienda recuerdan que el plan de España recibió la máxima calificación posible por parte de los servicios técnicos de la Comisión en diez de las once variables que analizaron.
«Ahora lo analizaremos y decidiremos rápido», aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje compartido en su perfil oficial de Twitter. El Ejecutivo comunitario tiene hasta dos meses para hacer su evaluación, si bien podría acortar los tiempos para agilizar el proceso. Bruselas emitirá en primer lugar un análisis preliminar sobre el que se tendrán que pronunciar el resto de Estados miembros. Si este análisis es positivo y también lo avalan los países (o si pasa un mes sin que estos se hayan pronunciado), el desembolso será autorizado. En este caso, el tramo de 10.000 millones se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario desembolsó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones.
El primer pago depende de reformas incluidas en casi todos los componentes del plan de recuperación del Gobierno. Ocho de ellas forman parte del capítulo sobre modernización de la Administración, entre ellas la normativa para reducir la temporalidad en el sector público.