El Gobierno no sabe a cuántos interinos beneficiará su acuerdo
► Pactó con ERC y PNV que quienes lleven más de cinco años sean fijos sin opositar
Llegar a un acuerdo, anunciarlo y no saber a cuántas personas terminará beneficiando. Esta ha sido la secuencia que ha seguido el Gobierno en el pacto alcanzado con PNV y ERC para que los interinos con más de cinco años en su puesto no tengan que opositar para convertirse en funcionarios. Ni el Ejecutivo tiene las cifras de cuántos empleados públicos se verán favorecidos, y tampoco los dos citados socios. De momento es una incógnita.
Bastaría con un concurso de méritos para aquellos que lleven en su puesto desde antes del 1 de enero de 2016. El gran problema que se plantea ahora está en cuantificar los afectados por la medida, aunque el punto de partida sería el objetivo del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene como meta estabilizar a unos 310.000 interinos de los que están abusando las distintas administraciones por mantenerles en ese régimen laboral. Convertir a ese total de personas en funcionarios ya sea mediante oposición o mediante concurso de méritos.
La intención es que la temporalidad en el sector público se reduzca a menos del 8%, desde el más del 30% actual; no solo afectando a los interinos, sino en términos generales. Esto se trata de un compromiso adquirido con Bruselas también para la llegada de los fondos europeos y con el que los últimos gobiernos han venido arrastrando los pies, incluso después de haber recibido varios varapalos judiciales. Facilitar el acceso a los 310.000 interinos que desea el Gobierno supone avanzar de manera rápida hacia ese objetivo, aunque no lo completaría.
Así las cosas, no solo el Gobierno y sus socios no disponen de una cifra de potenciales beneficiarios del acuerdo alcanzado. Los sindicatos, según confirma ABC, tampoco están en disposición de dar datos fiables sobre cuántas personas se verían favorecidas. La única referencia que aportan fuentes sindicales está en que habría más de 500.000 temporales en las distintas administraciones que llevan en su puesto más de cinco años de manera ininterrumpida. Y esto no quiere decir que todos ellos se vayan a beneficiar, ya que el abuso de la temporalidad no se cometería sobre todos.
Este cálculo llega después de la cifra que estimaban fuentes sindicales tras el pacto de julio. En aquel momento, durante la convalidación del decreto contra la temporalidad pública en el Congreso de los Diputados, la ministra del ramo, María Jesús Montero, se vio forzada a ceder ante sus socios para que la norma no decayera. El decreto para poner coto al abuso con los interinos se aceptó que se tramitara como proyecto de ley y la titular de Función Pública tendió la mano al pactar que aquellos con más de diez años en su puesto se convertirían en fijos sin opositar.
Entonces se calculó que aquello tendría afectación sobre unos 350.000 empleados públicos temporales. Ahora la situación ha cambiado ya que ese plazo se ha reducido a la mitad. Sea como fuere, independientemente de la cifra de beneficiarios que resulte, la estabilización de todo el personal en abuso de temporalidad deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2024.
Fuentes sindicales dicen que hay más de 500.000 temporales que llevan en su puesto desde antes del 1 de enero de 2016