Educación no podrá dar un año de moratoria para hacer recuperaciones
► El Consejo de Estado avisa a Alegría de que su disposición transitoria no tiene acomodo en la ley
El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, ha amedrentado al Ministerio de Educación y ha señalado que las pruebas de recuperación de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria no podrán tener una moratoria aplicable a este curso, tal como se lo prometió la ministra Pilar Alegría a las comunidades que deseaban hacerlo.
Estos exámenes se hacen cuando un alumno suspende en junio y se van a septiembre. Han existido siempre, desde la Logse socialista, aunque luego cada comunidad decidía la fecha y mayoritariamente empezó a hacerse a finales de junio. ¿Qué sucederá a partir de ahora? Que el departamento dirigido por Pilar Alegría las borra definitivamente del mapa. No se harán más. «El equipo docente llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar», sentencia el texto que Alegría quiere llevar al Consejo de Ministros y que adelantó este periódico.
Ante el ‘caos’ que genera que esto se ponga en marcha este mismo curso que ya está empezado (2021-2022) Alegría ha añadido a ese texto que quiere aprobar en Moncloa una disposición transitoria que permite a las comunidades decidir (solo este curso) si pone esas pruebas o no para evitar «graves perjuicios a la programación de la enseñanza» realizada.
Pero el informe del Consejo de Estado, al que ha accedido ABC, deja claro que no podrá hacerlo. El Consejo de Estado dice: «Ha de destacarse que lo que prevé esta disposición transitoria es una excepción al régimen contenido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 31/2020, excepción que esta norma con rango de ley no prevé y que tampoco parece encontrar acomodo en la Ley Orgánica 3/2020». Agrega que «no desconoce el Consejo de Estado que los plazos establecidos en el calendario de implantación de la indicada ley orgánica pueden ser breves para poder atender con el debido sosiego la tramitación de las normas que han de proceder a su desarrollo reglamentario; pero ello no puede traducirse en la introducción en dichas normas de previsiones dirigidas a enervar la eficacia de un mandato legal suficientemente claro en sus términos».
El Consejo agrega que «esta insuficiencia de rango impide exceptuar el régimen contenido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 31/2020 por la norma proyectada». ¿Qué significa lo que dice el Consejo de Estado? Que la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’ fijó un calendario de implantación de los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación y el Gobierno no ha elaborado este decreto sobre el que se pronuncia el Consejo a tiempo y quiere arreglarlo ahora permitiendo a las comunidades seguir con los criterios de evaluación anteriores si lo consideran por este curso. Sin tener en cuenta que eso vulnera la propia ‘ley Celaá’ aprobada por el mismo Gobierno y generando desigualdades entre comunidades.
Hace dos meses el ministro Castells incidía en el mismo error. Por ley suprimieron al Rey de la expedición de títulos (LOSU) y alegaron que por decreto se mantenía el nombre del Rey en la expedición. Pocas semanas después, y tras la denuncia de ABC, incluyeron al Rey en la ley, porque como recuerda el Consejo de Estado a Educación en su dictamen de ayer, lo que la ley no contempla el Gobierno no puede regularlo en un reglamento.
Carácter esencial
A Alegría no le queda más remedio que introducir estos cambios debido a que el Consejo de Estado señala en su informe que la observación que realizan «tiene carácter esencial, a los efectos del artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado».
Comunidades autónomas gobernadas por el PP criticaron ayer el caos y la improvisación del Ministerio de Educación. «En una cuestión tan relevante que afecta a la evaluación, promoción y titulación del alumnado no es admisible la falta de planificación del Ministerio. Este cambio de criterio, una vez anunciada la medida por la ministra, demuestra la improvisación del Gobierno y la ausencia de seguridad jurídica de las decisiones que están tomando al respecto», explicaron fuentes de la Consejería de Educación de Murcia. En la misma línea, desde la Comunidad de Madrid creen que este es «otro ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo la Lomloe». La Consejería de Castilla y León ha pedido una copia del informe del Consejo de Estado. Si es así, la comunidad solicitará que no se apruebe el Real Decreto este curso, puesto que es de imposible cumplimento: el curso esta en marcha con unas programaciones que ya se están ejecutando y contienen exámenes extraordinarios.
«Es otro ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo la ‘ley Celáa’»