La Junta rehúsa cobrar la deuda de 6,1 millones de CCOO y UGT por vía penal
► Elude recurrir el archivo del juez por el dinero público de las residencias de tiempo libre que se quedaron los sindicatos en la etapa del PSOE
La Junta de Andalucía ha renunciado a recuperar por la vía penal los 6,1 millones de euros que Comisiones Obreras y UGT le adeudaba por los ingresos generados por las residencias de tiempo libre autonómicas entre los años 2003 y 2006. El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha declarado firme el archivo de la investigación abierta contra seis antiguos dirigentes sindicales y dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta durante el mandato socialista porque no aprecia «irregularidad, desde el punto de vista penal, en la conducta de los investigados». Por esta razón, acordó el sobreseimiento provisional de la causa a través de un auto dictado el pasado 26 de octubre. Contra dicha decisión cabía presentar un recurso de reforma, ante el propio juzgado, e incluso apelar a la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de tres y cinco días, respectivamente.
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desistió de recurrir, mientras que el fiscal reconoció que existió «una cierta desidia en el cobro de esas cantidades» por parte de la Administración, pero que no hubo «una verdadera y real intención de no reclamar esas cantidades»: 4.027.144 euros a CCOO-A y 2.155.295 euros a la UGT-A. «Al no haberse interpuesto contra la misma recurso alguno», la resolución de archivo es firme, según certifica el juez en una providencia del 10 de noviembre a la que ha accedido ABC.
La Junta da por válidos los argumentos del juez y sostiene que ninguna de las opciones para insistir en la vía penal tiene una mínima posibilidad de éxito, entre otras razones, porque las pruebas no determinan una apropiación indebida de los fondos y este supuesto delito estaría ya prescrito, según fuentes autonómicas.
La vía penal para recuperar el dinero público queda, pues, enterrada. Fue la actual Consejería de Empleo, que dirige Rocío Blanco, la que denunció ante la Fiscalía de Sevilla el agujero millonario que dejó la gestión de estos complejos vacacionales para trabajadores, siguiendo la recomendación de su Gabinete Jurídico.
En junio de 2020, el juez Juan Jesús García Vélez abrió unas diligencias previas a instancias de la Fiscalía de Sevilla que, tras investigar los hechos, consideró que había indicios suficientes para acudir contra los responsables sindicales y tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo, que se redujeron a dos, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, tras el fallecimiento de su antecesor en la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en octubre de 2020. La «inacción» de los cargos políticos provocó que prescribiera la reclamación del dinero en la vía administrativa, según advirtió la Fiscalía en su denuncia. El fiscal que impulsó la investigación atribuyó un supuesto delito continuado de malversación de fondos públicos a dos exsecretarios generales de CCOO,
Julio Ruiz Ruiz (1992-2004) y Francisco Carbonero (2004-2017), y a su homólogo en la UGT, Manuel Pastrana.
Durante la instrucción, la Guardia Civil en Sevilla entregó un atestado al juez en el que determinaba que los antiguos altos cargos actuaron con una «reiterada dejadez y negligencia» porque durante seis años (2006-2012), «no se hizo nada» para reclamar una deuda tan cuantiosa contraída por los sindicatos. Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, investigados por un supuesto delito de prevaricación, alegaron que el jefe de servicio nunca les informó sobre la citada deuda, por lo que ignoraban su existencia. Según expuso la defensa de Márquez, la Guardia Civil atribuyó los supuestos indicios delictivos al cargo que éste ocupaba.
Inacción sin mala intención
En su resolución de archivo, el juez instructor considera que de las investigaciones realizadas «no se deduce» que los sucesivos directores generales de Trabajo «hubieran evitado de una forma dolosa la reclamación de las cantidades adeudadas por las entidades sindicales». El «retraso y cierto abandono en la reclamación de aquellas cantidades» no se ha acreditado que sea imputable a los investigados. En definitiva, el instructor señala que no puede determinar que hubiera una intención de eximir «por la vía de hecho» a la UGT y CCOO del abono de las cantidades. Lo que nadie discute es que los sindicatos «tenían que ingresar» el citado dinero público por aquella gestión de las residencias de de tiempo libre y no lo hicieron. En su descargo, declararon ante el juzgado que la Junta no le reclamó las deudas.
En lo que respecta al presunto delito de malversación atribuido a los sindicatos, el juez y el fiscal apelaron a unas sentencias dictadas en 2017 por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuando el Gobierno de Susana Díaz les exigió el cobro de la deuda. El TSJA estimó los recursos de la UGT y CCOO y declaró prescritas las acciones administrativas. La única bala que quedaba a la Junta para recuperar el dinero, la penal, también se ha perdido definitivamente.