La revancha contra los fiscales se vuelve contra la juez Núñez
La inspectora que archiva su denuncia contra los fiscales Anticorrupción le recuerda que el Poder Judicial constató «disfunciones y retrasos» en el caso ERE aunque no los imputara a su «inacción»
La juez María Núñez Bolaños tomó dos decisiones cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó archivar la queja del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, contra ella por los «retrasos injustificados» de tres causas de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE. La primera fue apartarse de la instrucción de los casos ERE, Avales y Agencia IDEA y alejarse así del permanente foco mediático. La segunda, tomarse la revancha contra los fiscales que cuestionaron su trabajo.
El 24 de junio pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Luzón y los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla solicitando que le abrieran un expediente disciplinario porque, según relató en su escrito, le habían atribuido «hechos falsos ajenos a la labor jurisdiccional que incluían juicios de valor improcedentes y ofensivos» que podrían encuadrarse en un supuesto delito de calumnias.
Pero la revancha se le ha vuelto en contra a la juez como un bumerán. En el decreto de archivo fechado el pasado 4 de octubre, al que ha accedido ABC, la jefa inspectora de la Fiscalía no da verosimilitud a los hechos que denuncia y le recuerda que tanto el Servicio de Inspección como el Promotor Disciplinario del CGPJ recogieron en sus informes que hubo «paralizaciones o retrasos» en las instrucciones, con independencia de que considerase que estas demoras «no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en la labor» de Núñez Bolaños.
Disfunciones sí hubo
«La existencia de determinadas disfunciones fue objetivamente comprobada», avisa. «El hecho de que el Servicio de Inspección y el Promotor no hayan apreciado la existencia de conductas sancionables en la actividad profesional de la magistrada, no puede conllevar la alegada concurrencia de motivos espurios a la hora de formular la denuncia, ni mucho menos una correlativa responsabilidad de índole disciplinaria de los fiscales» que la presentaron.
En su escrito, la magistrada, que ha delegado las causas de corrupción en su juez de refuerzo, refiere desencuentros o «enfrentamientos graves» con los fiscales en los citados procedimientos. En la resolución de archivo se pone de manifiesto que «en ningún caso se relatan, identifican o concretan los ‘enfrentamientos graves’, tampoco se identifican las ‘autoridades de la circunscripción’ con las que supuestamente los fiscales denunciados tuvieron esos enfrentamientos, ni se explican o da indicio alguno sobre los motivos ajenos al ejercicio de la función que en su caso los hubieran podido motivar».
La jefa inspectora archiva la denuncia de la juez sin abrir una investigación «por carecer los hechos denunciados de relevancia disciplinaria». «No puede tener acogida la pretensión de derivar al circuito de la justicia penal y/o disciplinaria las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal, simplemente por no ser coincidentes con la opinión» suya.
La juez Núñez Bolaños incluso le echó en cara que difundiera una nota de prensa sobre la denuncia presentada ante el CGPJ que dio pie a la apertura de unas diligencias informativas y a una inspección de su juzgado. La Fiscalía lo justifica por «la relevancia mediática» de los casos que llevaba al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La discrepancia de la juez sobre la difusión de la denuncia en la Prensa, «aunque comprensible» no puede ‘per se’ «presuponer irregularidad alguna» en la actuación del Ministerio Público, alega. De momento, la Fiscalía ha ganado una batalla, pero en los círculos judiciales no descartan que la juez de los ERE siga erre que erre en su guerra judicial.