Un tsunami de malestar social arrasa el «España va mejor» de Sánchez
Los camioneros convocan huelga antes de Navidad, la industria avisa de cierres y despidos y la escalada de los precios pone en pie de guerra al campo
Los sueldos se devalúan, la cesta de la compra se dispara y los hogares pagan un 63% más por la luz que hace un año
« Estas navidades van a ser mejor que las pasadas y España está mejor que el año pasado. Y el próximo estaremos aún mejor. España va mejor». Son palabras pronunciadas el pasado miércoles por el presidente del Gobierno en una comparecencia en el Congreso para informar sobre las últimas cumbres europeas. Pedro Sánchez estaba eufórico, sin sospechar que dos días después Bruselas asestaría un drástico recorte a sus previsiones de crecimiento para España, que han pasado del 6,2% anunciado en julio para este año al 4,6%, una reducción que se justifica por el modesto repunte registrado en el segundo trimestre del año (+1,1%), los atascos en las cadenas de suministro, el alza de los precios de la energía y un consumo interno más débil de lo esperado.
La economía frena en seco y los conflictos sociales se disparan poniendo es serio riesgo la preciada paz social en un momento económico idílico para el presidente, pero delicado para las autoridades comunitarias, que relegan a España al furgón de cola de la recuperación. Bruselas aprieta a España con las reformas mientras se está gestando un tsunami de malestar social que está arrasando el «España va mejor» del presidente. Los camioneros han convocado huelga en diciembre por el «abandono» del Gobierno, el campo amaga con hacerlo y los sindicatos darán la batalla en los convenios para que los salarios recuperen poder adquisitivo frente a la escalada de precios, que está asfixiando a los hogares a las puertas de la Navidad.
Las amenazas de movilizaciones llevan meses subiendo de intensidad también a cuenta de la exigencia reformista que impone Bruselas en el mercado laboral y de pensiones. La decisión de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, esté representada en la mesa que estudia los cambios laborales no ha sido acogida con entusiasmo entre los sindicatos, que insisten en exigir la prometida derogación de la reforma. Amagan con salir a la calle en caso contrario, igual que si se recortan las pensiones. Un viaje en el que tienen de su lado a Yolanda Díaz, empeñada en derogar la reforma de Rajoy y contraria a tocar cualquier pieza del sistema de pensiones que merme las cuantías. El sábado pasado la vicepresidenta dejaba clara su postura cuando aseguró que hay «fórmulas» que se plantean que son «extrañas al mandato constitucional», en alusión a la ampliación de los años para calcular las jubilaciones comprometida por Europa.
La convocatoria que ya está marcada en rojo en el calendario es la huelga de los camioneros entre el 20 y el 22 de diciembre. Los transportistas presionan así al Gobierno «tras años de abandono» del sector, que lleva meses pidiendo el apoyo de la Administración en temas como la implantación de los peajes en las autovías, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible (que supone el 40% de los costes del sector) o la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales.
En el campo las cosas no van mejor. Las espadas siguen en alto en el sector lácteo, donde las diferencias entre los ganaderos, la industria y la distribución persisten a propósito de los precios que reciben los productores, que ven como los costes se han disparado por culpa de la energía, los cereales y los piensos. El repunte de los precios agrava la delicada situación de agricultores y ganaderos, que también deben lidiar con la incertidumbre que abre la PAC ( 2023-2027), y su mayor condicionalidad verde para percibir las ayudas, y con el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que los precios percibidos por los productores deben cubrir los costes de producción.
También la pesca puede dar algún que otro dolor de cabeza a Sánchez si Bruselas pone sobre la mesa un nuevo recorte en los días de pesca de la flota de arrastre del Mediterráneo. En juego está la actividad de unos 600 barcos y los 17.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. El sector ya ha amenazado con un paro durante la celebración del último consejo de Pesca los días 13 y 14 de diciembre.
Aumentos de hasta el 50%
La inflación no da tregua y empobrece también a los hogares, que ya pagan un 62,8% más cara la luz que hace un año. Un mayor coste que suma al alza de la gasolina en un 26,5% y del diésel en el 30,5%, según el INE. A la escalada de la luz y del combustible, se suman los problemas del transporte marítimo y, ahora, su traslado a los precios de venta directa. Todo ello ha provocado que la cesta de la compra se esté convirtiendo en un lujo para las familias. A la subida de las legumbres y los huevos se suma el de algunos pescados, que en el mercado mayorista ya se pagan entre un 30 y 50% más caros. Y es que el IPC de octubre cerró con un alza interanual del 5,4%, el nivel más alto en 29 años.
Consecuencias «terribles»
El encarecimiento de la energía lo sufren los hogares, pero también las empresas y con especial intensidad la industria, la que más acusa en sus márgenes el incremento de costes, que en muchos casos suponen el mayor porcentaje de gasto en su producción. Lo denunció la semana pasada la patronal de las empresas industriales electrointensivas (AEGE) que reúne a las firmas de los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico y de gases industriales, aquellos en los que la electricidad puede llegar a suponer el 60% de sus costes totales. La organización empresarial aseguró que la electricidad «amenaza ya con ser un calvario en 2022» y podrían llevar a consecuencias «terribles», como el cierre de fábricas, con el consecuente «golpe que tendría para el empleo en España».
Los precios se disparan mientras los sueldos menguan o crecen de forma simbólica, lo que está provocando pérdida de poder adquisitivo. La subida media pactada en los convenios colectivos firmados este año se limita al 1,5%, casi cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC, por debajo incluso de lo marcado en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020, que planteaba alzas de
sueldos del entorno del 2%. La variación salarial lleva estancada prácticamente desde primeros de año y es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativa, entre 2014 y 2016. La diferencia es que ahora los precios están por las nubes. Ante este panorama los sindicatos preparan para 2022 una ofensiva para extender las cláusulas de revisión salarial en los convenios, que ahora disfrutan entorno al 20% de los trabajadores, a el mayor número de trabajadores. De momento, las centrales que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo presionan al Ejecutivo para que cumpla con urgencia con los compromisos contraídos en la legislatura y sitúe en mil euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional ya en enero. Será el paso previo para que el indicador alcance el 60% del salario medio (en torno a 1.050 euros) en 2023.
Con este clima social ¿qué puede salir mal? El consuelo para el presidente será que «España va mejor».