Escrivá libra otra batalla con la CEOE a cuenta de la subida de las cotizaciones
El ministro cierra hoy la negociación sobre el mecanismo de equidad y buscará ahora el apoyo del Parlamento
El Gobierno y los agentes sociales se reúnen hoy en el último intento para lograr un acuerdo sobre una de las claves de la primera pata de la reforma de las pensiones: el mecanismo de equidad intergeneracional, que deberá sustituir al derogado factor de sostenibilidad del PP para velar por el equilibrio del sistema ante la jubilación de los ‘baby boomers’.
El consenso, sin embargo, ya parece imposible. A última hora de ayer, el rechazo de los empresarios a una subida de las cotizaciones se mantenía firme, según las fuentes consultadas, que también dudaban de que Seguridad Social fuera a rebajar sustancialmente su propuesta para facilitar el encuentro. Los sindicatos, por su parte, han celebrado que se haya optado por fórmulas que aumenten los ingresos y no recorten las prestaciones.
El último planteamiento de Escrivá pasaba por elevar el 0,6% las cotizaciones a la Seguridad Social, creando una cuota finalista con la que se dotaría un fondo de reserva que haría de colchón para atender las desviaciones de gasto previstas por la llegada del ‘baby boom’. La idea es repartir esta carga entre empleados y empleadores, de tal modo que 0,4 puntos de dicho incremento los asuma la empresa y el otro 0,2% el trabajador. Según Garamendi «es una derrama que quieren que paguemos solo los vecinos del cuarto y del quinto». «La vaca no da más leche. Dejen de ordeñarnos a impuestos y cotizaciones», afirmó Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Si, tal y como parece, no se logra el acuerdo entre todas las partes, el Gobierno deberá legislar por su cuenta e introducir el nuevo mecanismo vía enmienda en la tramitación parlamentaria de la primera parte de la reforma que ya está en el Congreso. Aunque los grupos parlamentarios no se han posicionado aún formalmente, en la última comparecencia del ministro ya se evidenció que este camino tampoco será sencillo. Más aún cuando la medida también ha levantado ampollas en el mundo académico, donde los expertos consultados consideran la medida insuficiente para hacer frente al incremento de gasto que afrontará el sistema, además de perjudicial para el empleo. En cualquier caso, España deberá reportar a Bruselas sobre los efectos del nuevo mecanismo de equidad y enviar a la Comisión evaluaciones concretas sobre su puesta en marcha.