Un posible informe sobre abusos sexuales en España planea sobre la reunión de los obispos
Los prelados están divididos sobre la utilidad de esta revisión histórica que reclaman las víctimas
Los obispos aprovecharán su asamblea plenaria de otoño que arranca hoy para volver sobre el tema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En el orden del día figura que durante las sucesivas sesiones –que tendrán lugar hasta el jueves– los prelados abordarán «distintas propuestas del Servicio de coordinación y asesoramiento para las Oficinas de protección de menores». Estos espacios fueron creados por las distintas diócesis a partir de marzo de 2020 por indicación del Papa Francisco, en su documento ‘Vos estis lux mundi’. Su objetivo es recibir las denuncias por abusos sexuales y atender a las víctimas.
Según ha podido saber ABC, los prelados tratarán estos días de «definir los perfiles de las personas que deberían formar parte» de este servicio de coordinación, creado en el seno de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para dar apoyo a estas oficinas. Además «valorarán el funcionamiento» de estos espacios abiertos –con más o menos tino– en las diócesis. Sin embargo, entre esas propuestas, que llegarán al seno de la asamblea plenaria, podría estar también la de poner en marcha un informe sobre los abusos sexuales ocurridos en las diócesis en las últimas décadas. «En las diócesis ya se están haciendo investigaciones pero sin plantear proyecciones estadísticas como se hizo en Francia», comentan a ABC fuentes eclesiásticas.
Los obispos están muy divididos sobre la utilidad de estos macroinformes. Las conferencias episcopales de Alemania, Francia, Holanda sí lo han hecho. Estados Unidos fue la primera en el año 2002 y la Conferencia Episcopal portuguesa acaba de anunciar la creación de una comisión independiente de investigación que abordará los abusos entre el clero luso en el último medio siglo. Algunos sectores eclesiásticos consideran que «estos informes están hechos para la opinión pública, no para las víctimas». «Primero hay que preocuparse por las víctimas y luego los informes», señalan a ABC.
El jesuita y psicólogo Hans Zollner, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ha explicado en muchas ocasiones que «estos estudios ayudan a tomar conciencia de la realidad, pese a ser siempre limitados, ya que muchas víctimas prefieren no hablar ni denunciar su caso». El propio ‘informe Sauvé’, presentado en Francia a inicios del mes de octubre, cuenta con algunos sesgos, ya que las 300.000 víctimas que revela no se corresponden a una estadística real, sino a una hipótesis proyectiva.
Una petición de las víctimas
Pese a todas las limitaciones que ofrecen estos estudios, las víctimas de abusos llevan tiempo reivindicando a la Iglesia una revisión histórica de lo sucedido en España desde la década de los 60. Así se lo trasladó personalmente el presidente de Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, al cardenal Ricardo Blázquez, en marzo de 2019 cuando estaba al frente de la CEE. Entonces, Blázquez explicó que la Conferencia Episcopal «no tiene autoridad sobre las diócesis» para elaborar un informe de estas características.
En medio de las posturas de unos y otros, lo cierto es que las víctimas necesitan gestos públicos que demuestren la voluntad inequívoca de la jerarquía eclesiástica de escuchar y acoger a las personas que han sufrido esta lacra. En ese sentido, la Conferencia Episcopal «invita y anima a las víctimas a denunciar los abusos», pero algunas de ellas no esconden su reparo a que las oficinas de atención formen parte de las propias diócesis. «Hay que buscar instancias distintas de aquellas en la que se ha producido el daño», señalan. Por eso, la mayoría de los episcopados que han llevado a cabo informes históricos lo han hecho a través de comisiones independientes que se han granjeado «la confianza y la seguridad» de las personas que han sufrido abusos.
En España este ejercicio de revisión ha tenido, en general, poco eco. Una de las pocas en dar el paso ha sido la Compañía de Jesús. Su informe presentado en enero concluyó que 81 menores fueron víctimas de abusos por parte de 65 jesuitas entre 1927 y 2020. Su objetivo no era revolver en el pasado. «Queremos crear un entorno seguro. Y parte fundamental de esto pasa por rendir cuentas por el pasado», aseguró su superior provincial, Antonio España.
«En las diócesis ya se están haciendo investigaciones pero sin plantear proyecciones estadísticas como en Francia»