Alemania vuelve a desplegar al Ejército para luchar contra el Covid
∑ Se movilizarán 12.000 efectivos para ayudar a acelerar la vacunación tras dispararse los casos
La Asociación de Médicos de Cuidados Intensivos en Alemania ha pedido socorro y el Ejército ha respondido con la movilización de 12.000 efectivos que llevarán a cabo tareas de apoyo logístico, distribución de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna, principalmente en residencias y hogares particulares de ancianos, para evitar que tengan que trasladarse a centros de vacunación. Los primeros 6.000 soldados entrarán en acción este mismo mes de noviembre y el resto en diciembre.
El operativo estará activo, en principio, hasta Navidad, pero a la espera de nuevas órdenes si la expansión del virus lo requiere. El Ministerio de Sanidad alemán evita así disponer de personal médico y sanitario que podrá reforzar a su vez las Unidades de Cuidados Intensivos, en alerta por la cuarta ola y el repunte de la incidencia, que la semana pasada batió cinco récords consecutivos y que actualmente alcanza 277,4 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días. El número de contagios diarios supera los 45.000. «La pandemia me preocupa ahora más que nunca», ha dicho la presidenta de la Asociación de Médicos, Susanne Johna, tras saludar la iniciativa de movilización del ejército.
No es la primera vez que el ejército alemán apoya al sistema sanitario en esta pandemia. En 2020 llegó a desplegar 10.000 soldados para este tipo de servicio y se comprobó que su intervención salvaba vidas. Por eso se vuelve a recurrir a él en un momento en que la tasa diaria alcanza los 228 fallecimientos. La intervención del ejército resultará clave, además, en un momento de transición entre el gobierno saliente de la canciller Angela Merkel y la posible coalición que le sucederá, liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz, que está negociando todavía los términos del acuerdo con verdes y liberales. Los potenciales socios se han adelantado a la firma del acuerdo, dada la gravedad de la situación, que no permite perder tiempo, y han presentado conjuntamente al parlamento un catálogo de medidas que incluyen nuevas restricciones para los no vacunados, pero no plantean implantar la obligatoriedad de vacunarse, ni siquiera en los sectores profesionales más sensibles.
Entre los puntos filtrados a la prensa, el más controvertido es la aplicación ya en noviembre de la normativa denominada 3G en los lugares de trabajo, lo que significa que solo accederán a ellos los empleados vacunados, curados de la enfermedad o con un test de 24 horas máximo de antigüedad. Esta exigencia complicará en extremo el día a día de las empresas, además de dar a los directivos de personal potestad para reclamar a los empleados información fidedigna sobre su estado de vacunación. A la hora de la verdad, obligará a muchas empresas a volver a implementar el teletrabajo y se teme un daño significativo en la productividad, como ya ocurrió el invierno pasado.
Para el próximo jueves se ha convocado una reunión entre el Gobierno central y los regionales en la que se estudiarán medidas adicionales para promover la vacunación. Solo un 67.5% de los habitantes del país tiene la pauta completa, mientras que el 70% ha recibido al menos una dosis. Merkel dirigió ayer un mensaje a la población, alertando de la situación y llamando a un «esfuerzo nacional» para contener la ola de contagios. Pero a pesar de todos estos movimientos, no se analiza un cierre de la actividad pública a escala nacional.
Los expertos alemanes coinciden en que el país se enfrenta a un duro invierno, con altas tasas de mortalidad. El jefe del departamento de Virología de la Charité de Berlín, Christian Drosten, ha aventurado que otros 100.000 alemanes morirán durante esta estación a causa de la pandemia. «Esta cuarta ola va a provocar más muertos de lo que hasta ahora conocimos», afirma también el presidente regional de Sajonia, Michael Kretschmer, que justifica que este lunes entren en vigor restricciones más severas a escala regional para los no vacunados, que no podrán acceder a bares, restaurantes, piscinas públicas y otros espacios cerrados en parte del país.