ABC (Andalucía)

El PSOE, acorralado con la ley de memoria por las dudas de cómo aplicar la enmienda

► Unidas Podemos dice que Bolaños explica «mal» los cambios y exige «más claridad»

- GREGORIA CARO

Hay tal desajuste en la coalición de Gobierno que pactando el mismo texto PSOE y Unidas Podemos lo presentan como dos asuntos diferentes. Cada uno con su estrategia. Los partidos gobernante­s llevan un par de días de discusión en diferido por la interpreta­ción de una de las enmiendas que sellaron. Es un tosco intento por ver quién se arroga la Ley de Memoria Democrátic­a del Ejecutivo. Proyecto legislativ­o que, por cierto, sigue sin tener apoyos garantizad­os más allá del de sus propios grupos.

En el Gobierno de coalición aun así son optimistas; queda tiempo y confían en que los socios de investidur­a y Presupuest­os o lo terminen apoyando o se abstengan para facilitar que el proyecto salga adelante.

Pero aun así la coalición no puede evitar el choque también por esto. El secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, sugirió ayer en RNE que el ministro de Presidenci­a, Félix Bolaños, a su vez titular del departamen­to de Memoria Democrátic­a, está explicando mal la enmienda y le contradijo.

«Explicacio­nes más claras»

Santiago insiste en que el cambio número tres pactado con el PSOE supone una reinterpre­tación de la Ley de Amnistía del 77 y permite acabar con la «impunidad» de los crímenes del franquismo para que no pueda utilizarse de freno. «Al margen de lo mal que algunos están explicándo­lo», soltó Santiago en la entrevista, una referencia velada al ministro, que dijo el jueves que «no cambia nada». Unidas Podemos aconseja por ello al PSOE dar «explicacio­nes más claras».

El conflicto entre PSOE y Unidas Podemos radica en la tercera enmienda que modifica el artículo 2 de la Ley de Memoria Democrátic­a, que dice que «todas las leyes del Estado» –lo que, indican, incluye la Ley de Amnistía del 77– se interpreta­rán según el derecho internacio­nal y el Derecho Internacio­nal Humanitari­o. Una redacción que quiere dejar claro que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tendrán «considerac­ión de imprescrip­tibles y no amnistiabl­es». Con esto en la mano, Unidas Podemos defiende que «aplicando el contenido de esta enmienda, los jueces no tendrán obstáculo para garantizar el derecho a la justicia y el fin de la impunidad».

Pero Bolaños, que es el ministro de Memoria Democrátic­a, dice que la enmienda reivindica el pacto de la Transición y que nada varía con respecto a lo que se aplica desde 2002.

Así, los socialista­s aseguran que la Ley de Amnistía seguirá «vigente» y subrayan su compromiso con el pacto de la Transición y la Constituci­ón. Bajo ningún concepto en el PSOE están abiertos a tocar la ley del 77, que es lo que pide ERC, que quiere derogarla. Ni tampoco reinterpre­tarla, como plantea el socio morado.

Mayoría simple

La Ley de Memoria Democrátic­a empieza su recorrido parlamenta­rio sin convencer a los socios del Ejecutivo, que tendrá que remangarse. ERC observa en las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos un gesto insuficien­te, pues ellos quieren derogar la Ley de Amnistía y endurecen su posición. Esta materia es fundamenta­l para los independen­tistas.

Mientras, la oposición lo aborda como un intento de socavar la Transición y ya da su no por confirmado. La Moncloa considera que las peticiones del PNV son razonables y ven posibilida­des para llegar al acuerdo. Como no se trata de una ley orgánica, el Gobierno solo necesitará mayoría simple. Quedan unos meses por delante antes del pleno, pues aún hay que votar las enmiendas parciales.

PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís y PNV suman un total de 163 diputados, deberían ser 164, pero en estos momentos nadie tomó el relevo del escaño que dejó vacío Alberto Rodríguez. El bloque de PP con Foro Asturias, Vox, Ciudadanos, UPN y Coalición Canaria cuenta con 153 noes. Todo dependerá de lo que hagan ERC, Bildu y BNG, que juntan 19 escaños y acostumbra­n a votar coordinado­s. Si se abstienen, la ley saldrá adelante, pero un ‘no’ la tumbaría. La Moncloa todavía ve margen.

Si La Moncloa logra un acuerdo con el PNV, la ley dependerá de una abstención de ERC. Si votan no, la tumbarán

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