SÁNCHEZ DA LARGAS A LA JUSTICIA

Si la ministra Alegría se ha comprometido en firme a no ejecutar la sentencia sobre el español en las aulas, es porque la entrega de Sánchez al independentismo es irreversible

El mandato de los tribunales para respetar una cuota del 25 por ciento de enseñanza en español es nítido, y vulnerarlo supone otra degradación política del Gobierno y una prevaricación moral

UN Gobierno que para mantener viva la legislatura a toda costa consiente al independentismo imponer cuotas de catalán en plataformas televisivas extranjeras, y que a la vez se niega a obligar a la Generalitat a ofrecer un mínimo del 25 por ciento de su enseñanza en español, es un Gobierno en pleno delirio político. Su protección del catalán es directamente proporcional a su desprecio al castellano, y si la decisión firme del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la Generalitat está obligada a respetar la legalidad, alguien debe hacer que se cumplan las resoluciones judiciales. Resulta incomprensible que el Gobierno de Pedro Sánchez alegue que como la ley de Educación del PP ya ha sido superada por la ‘ley Celaá’, y que la que está en vigor es precisamente la que ha derogado que el español sea lengua vehicular en Cataluña, se pueda despreciar el cumplimiento de la normativa que protege un derecho y una obligación de todos los españoles. Jurídicamente todo tiene sus cauces, pero la política no puede saltárselos a capricho y con esta indigna indiferencia del Ministerio de Educación. La ‘ley Celaá’ tiene visos de ser inconstitucional en diversos aspectos, y uno de ellos es precisamente el que, por vía directa y de cesión política, representa un ataque al castellano como nunca antes lanzó ningún gobierno. Por tanto, a nadie debe sorprender el fallo de los jueces.

Es grave que el consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, haya dirigido una carta a los centros de enseñanza exigiéndoles que incumplan la decisión del Supremo. Más grave aún es que la Generalitat sostenga, por sí y ante sí, que la decisión judicial «no es válida». Pero mucho más grave es que presuma de tener el firme compromiso de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de que el Gobierno no va a ejecutar la sentencia. Estamos acostumbrados a que los líderes separatistas desobedezcan fallos y que solo los cumplan a la fuerza. Pero no lo estábamos a que el Gobierno de la nación apunte a la insumisión y presuma sin pudor de su falta inmediata de acatamiento. Si el «compromiso firme» de Alegría es humillarse ante la Generalitat, y su guion es el de una ministra que sortea a los jueces y se jacta de erradicar la lengua oficial del Estado, cabe preguntarse qué pinta la ministra de Justicia, que dice que las sentencias sí deben ejecutarse. De ahí ese delirio de un Gobierno arrodillado.

Más allá de la desobediencia, la reacción del separatismo no deja de ser incluso humorística. El consejero aduce que los jueces «inventan un problema donde no existe» porque en los últimos años solo ochenta familias han exigido la escolarización en castellano. Resulta entonces que es una cuestión cuantitativa, y no cualitativa, y que una democracia puede permitirse el lujo de vulnerar derechos esenciales de unos ciudadanos solo porque son muy pocos. Más ofensivo aún es escuchar a Ada Colau reivindicar la escuela privada para quien quiera clases en español. Precisamente una populista que consiente la usurpación de viviendas privadas para la ‘okupación’ es quien dice a los padres que reclaman el castellano para sus hijos que recurran a la privada. Es de suponer que el Ayuntamiento barcelonés dedicará partidas presupuestarias para que lo paguen aquellas familias que no puedan. El simplismo de reducir las libertades fundamentales a la nada es hiriente. Populismo autoritario. El mandato de los tribunales es nítido, y vulnerarlo no solo representa una degradación política del Gobierno, sino también una prevaricación moral. Alguien tiene que encargarse de ejecutar las sentencias. Y si no es el Gobierno ‘motu proprio’, tendrán que ser los jueces quienes se encarguen directamente. Y no por respeto a las resoluciones judiciales, ni por mantener vigente el principio de autoridad en la separación de poderes, sino por estricta legalidad. Si un Gobierno se salta la ley y se le corrige, y luego se niega a ejecutar lo corregido desobedeciendo, sencillamente se sitúa al margen de la democracia. Ayer Pablo Casado ofreció a Sánchez aplicar un 155 educativo en Cataluña. La propuesta no es retórica y a estas alturas debería ser una opción. Sin embargo, se la está ofreciendo a Sánchez, que es quien jalea el incumplimiento de la ley para no complicarse la vida con el separatismo. Los tribunales ya no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que el Gobierno cumpla lo que anuncia que no va a cumplir. Tampoco la Fiscalía, incluso por la vía penal. No basta con dictar sentencia y decir «ejecútese». Se tendrá que forzar su cumplimiento. Si no, la lengua volverá a ser la primera pieza de la reconstrucción de otro ‘procés’ sedicioso. Y esta vez, con la complicidad cobarde y alarmante, del Gobierno.