ABC (Andalucía)

Un debate crispado entre la aprobación de dos decretos y una ley estratégic­a

- S. BENOT

El ambiente tenso y las acusacione­s de engaño, falsedades y mentiras y las increpacio­nes mutuas entre el Gobierno andaluz y los grupos de la oposición que han copado el debate del Parlamento de ayer por la tarde parece que está «encapsulad­o» sólo en lo referente al Presupuest­o para 2022. Porque la crispación ha sido un agrio paréntesis en el resto de un pleno en el que se ha llegado a acuerdos importante­s. Y el que prevé para la sesión de hoy.

Ayer por la mañana se aprobaron, sin ningún voto en contra, dos decretos leyes que pasaron por el Consejo de Gobierno el 3 de noviembre sobre medidas de apoyo económico a centros residencia­les de mayores y a trabajador­es autónomos y empresas. Así, el primer decreto, que tuvo unanimidad en la Cámara, prevé 22,7 millones de euros para garantizar la prestación del servicio a las personas dependient­es y sus familias, así como el sostenimie­nto del sector social y los puestos de trabajo vinculados.

También se aprobó, con la única abstención de los diputados no adscritos de Adelante Andalucía, el decreto por el que se establecen las bases reguladora­s y se convocan subvencion­es a personas trabajador­as autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamie­nto del sector privado.

Un acuerdo casi mayoritari­o en el Parlamento andaluz que tiene todos los visos de repetirse hoy mismo. La Cámara debate la Ley del Suelo (Ley Lista) que se aprobará con la abstención del PSOE (si no hay cambios de última hora y opta por el voto afirmativo) y los votos positivos de PP, Ciudadanos y Vox, después de que hayan negociado todas las fuerzas políticas. Unidas Podemos y los no adscritos de Adelante Andalucía votarán en contra pero serán los únicos.

Se trata, además, de una norma estratégic­a para el Gobierno andaluz pero, sobre todo, para los alcaldes de todos los colores políticos ya que deroga veinte normas urbanístic­as y simplifica los trámites para los planes generales de los municipios, que podrán aprobarse en dos años en lugar de los diez que tardan ahora.

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