La Junta se desquita del revés de las cuentas y saca adelante su Ley del Suelo
La última norma clave de la legislatura para el Gobierno de PP y Cs ve la luz con el voto de Vox y la abstención socialista
La Lista reduce la maraña de la actual LOUA y mitiga la inseguridad jurídica en el urbanismo de los municipios
El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos se desquitó ayer a medias con el desbloqueo de la nueva Ley de Suelo del doloroso revolcón que se había llevado un día antes por no haber podido sacar adelante en el Parlamento los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022. El escenario ha dado un vuelco completo en cuestión de horas. Las últimas cuentas bajo la presidencia de Juanma Moreno, cruciales para prefigurar la duración de la legislatura, fueron rechazadas por los mismos grupos políticos, con la excepción de Unidas Podemos, que un día después facilitaron la aprobación de la última gran iniciativa del Ejecutivo autonómico para lo que resta de mandato: Vox, esta vez sí, apoyó el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que, en lo esencial, mantiene el espíritu del texto que habían dejado caer en el mes de mayo refugiándose en la abstención, lo que permitió que Unidas Podemos se apuntara el tanto de aprobar su enmienda a la totalidad.
En pocos meses, el PSOE, ahora bajo la dirección de Juan Espadas, ha virado desde el ‘no’, a la abstención, a una norma muy esperada por sus alcaldes, con la salvedad de parte de un artículo que permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico, previa autorización de los ayuntamientos. Muchos municipios quedaron atrapados en la maraña legislativa de la antigua LOUA, vigente de 2002, y han visto tumbados sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en el limbo de la inseguridad jurídica. La Lista trata de desbrozarla con la modificación de 44 normas y la derogación de tres leyes y tres decretos, como recordó el diputado de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez en el debate. Y salió adelante, al menos, sin amplios rechazos, lo que ya es un gran paso, teniendo en cuenta que la política es un campo de trincheras donde cada vez quedan menos puentes por volar.
El clima era tan distinto al inicio de la jornada parlamentaria –luego se enrareció con el paso de las horas– que hasta el portavoz del PSOE, Gerardo Sánchez, reparó en ello en su intervención: «Ayer [por el pasado miércoles] era una cosa y hoy [por este jueves] otra diferente». «Hemos demostrado que, cuando hay voluntad de acuerdo, el acuerdo se puede conseguir», proclamaba desde la misma tribuna donde horas antes se habían tirado los trastos y las cuentas a la cabeza. El PSOE no quería quedarse descolgado de una norma llamada a perdurar muchos años y que aspira a reducir a dos años la tramitación de un PGOU, que ahora tarda hasta una década o más.
Debate de enmiendas
En esta nueva atmósfera de relaciones ha pesado la negociación previa de las enmiendas entre el portavoz del PP, Juan Bueno, y el del propio Gerardo Sánchez, con la implicación directa de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. Las conversaciones han sido tan intensas que Bueno bromeaba con que «tengo tarifa plana con todo lo que hemos hablado estos días».
El dictamen final incorpora enmiendas de todos los grupos parlamentarios, incluidas algunas presentadas por los diputados no adscritos de Teresa Rodríguez. En vista de lo complicado que ha resultado desbloquearla con seis meses de retraso sobre el calendario previsto, Marifrán Carazo estaba exultante cuando vio cómo la pantalla se llenaba de botones verdes: 57 síes, 37 abstenciones y sólo 16 noes. Y lo primero que hizo, para cerrar el debate, fue derramar agradecimientos al Consejo de Gobierno y, especialmente al presidente y vicepresidente», Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, «por confiar en un equipo que desde el primer minuto se puso a trabajar para transformar el urbanismo en Andalucía». Luego se fundió en un abrazo con Moreno.
En medio de la satisfacción general, también hubo espacio para los reproches. El diputado socialista justificó su abstención en que de las 48 enmiendas presentadas por su grupo, ocho fueron aceptadas, 22 transaccionadas y 18 rechazadas, entre otras, modificaciones encaminadas a que «las competencias de los ayuntamientos salgan reforzadas, y una ley más sostenible para preservar el medio ambiente». Lo que el PSOE echaba más en falta es lo que más incomodaba a Vox. Su diputado Alejandro Hernández, se quejó del «sesgo verde» que impregnaba la norma, pero decidió apoyarla porque era, dijo, un «mal menor» y celebró la regularización de más de 300.000 viviendas irregulares.
En su turno de palabra, Juan Bueno, el otro protagonista silencioso de este acuerdo, saludaba una norma porque simplifica trámites y «otorga una imprescindible seguridad jurídica».
El punto discordante lo pusieron los diputados no adscritos afines a Teresa Rodríguez –ausente ayer– y el diputado de Unidas Podemos, Guzmán Ahumada, quien vaticinó que la Lista va a «enladrillar el campo». De momento, ha servido para enterrar trincheras, aunque sólo sea por unas horas.
PSOE, PP y Ciudadanos coincidieron en el nivel de consenso alcanzado, del que se descolgó Unidas Podemos por Andalucía