Aumentan los casos de acoso con grabaciones a profesores en clase
Una cuarta parte de los docentes que recurren al Defensor del Profesor sufren depresión
El Defensor del Profesor de Andalucía, figura creada por el sindicato ANPE Andalucía para atender denuncias de agresiones a docentes ha gestionado un total de 164 casos durante el curso 2020-21 en Andalucía. El informe anual del sindicato alerta sobre el aumento de casos de difusión por redes sociales de grabaciones a docentes en clase sin permiso.
La mayor parte de las denuncias (45 por ciento) corresponden a centros de Secundaria, el 40 por ciento de Primera y solo un 3% se refieren al nivel de Educación Infantil, un 4% a los Ciclos Formativos, un 3% a la F.P. Básica, un 2% a la Educación de Adultos y un 3% a las Enseñanzas de Régimen Especial.
Charo Siguero, coordinadora andaluza del servicio presentó ayer el informe anual, acompañada de Francisco Padilla, presidente de ANPE-Andalucía, y Antonio Brea, secretario de comunicación.
Según el informe, en los conflictos generados por el alumnado, destacan las dificultades para dar clase (26%), seguidas de las faltas de respeto y falsas acusaciones, y aumentan los casos de ciberacoso hasta un 10%.
Según el sindicato crecen los casos de difusión en redes de videos grabados a docentes, sin permiso alguno, mientras imparten clases de forma presencial o a distancia. Las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia han contribuido a ello por el mayor peso de la enseñanza online. En este sentido, ANPE sigue reclamando una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado.
En cuanto a los casos originados por familiares, las estadísticas son llamativas en lo relativo a las acusaciones sin fundamento (20%), faltas de respeto (22%), ciberacoso (18%) y las presiones para modificar notas (10%). «Desgraciadamente, y a pesar del esfuerzo realizado para que este tipo de cosas cambie, algunos padres o madres de nuestros alumnos cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente», señalan desde el sindicato.
En cuanto a los conflictos de ámbito laboral, un 75 por ciento son problemas con la administración en general, el 21 por ciento están relacionados con la aplicación del Reglamento de Régimen Interior o Decretos de Convivencia y el 4 por ciento con la apertura de expedientes disciplinarios.
Los docentes, en el ejercicio de sus funciones, explica el informe, «pagan un gran coste emocional, del que se resiente tanto su salud física como mental». Del total de docentes atendidos, manifestaban un gran nivel de estrés y ansiedad un 90%, mostrando síntomas depresivos un 25%. Un 10% de ellos estaban incluso de baja laboral, como consecuencia de la situación.
Todo este cúmulo de situaciones «redunda negativamente en la calidad del propio sistema educativo». El sindicato considera fundamental que el conjunto de la sociedad tome conciencia del problema de conflictividad de las aulas.