Vuelven a bullir los fogones de los cursos La Junta de Andalucía reactivó en 2020 la formación sustituyendo las subvenciones por licitaciones públicas
Los alumnos llenan de nuevo las aulas de las escuelas públicas de hostelería, que estuvieron cerradas durante años por el fraude de la formación
La región con más parados de España estuvo cinco años sin ningún curso público, mientras investigaba 8.505 expedientes de subvenciones
Las aulas y los fogones de la Escuela de Hostelería de Islantilla, en Huelva, han estado cinco años apagados. Los verificadores de las subvenciones de formación de la UE hallaron irregularidades en las justificaciones de los diez consorcios de la Junta. Ante el escándalo, el Gobierno de Susana Díaz mandó parar los cursos, cerró el grifo de las ayudas de las que dependían los consorcios para su funcionamiento y decidió integrarlos en el Servicio Andaluz de Empleo. Hasta 2018 no reanudó su actividad la escuela de Islantilla, que presumía de que el 93% de sus alumnos acababan encontrando empleo en la hostelería y la restauración. Las deudas las heredó el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos. Con Rocío Blanco ya al frente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se saldaron los impagos y se arreglaron unas instalaciones y equipamientos que, por el desuso, presentaban un alto grado de deterioro. Hoy los cursos de formación vuelven a bullir, como los fogones, en sus cocinas.
La gestión anterior de la Junta de Andalucía en las escuelas de hostelería ha sido la crónica de un fracaso. En las elecciones andaluzas de 2015, Susana Díaz prometió que «en diez días» estaba solucionado el problema. Pero se pasó el plazo y los males continuaron meses e incluso años. Los empleados de la Escuela de Hostelería de Cádiz tuvieron que encerrarse en su centro 24 horas para que les pagaran seis nóminas atrasadas. Una historia que, con distintos protagonistas, se repitió en las escuelas de La Cónsula y La Fonda y el CIOMijas, en Málaga.
Andalucía, la región con más parados de España, estuvo cinco años sin ningún curso público, un lustro en blanco, mientras la Junta iniciaba una revisión de los 8.505 expedientes de subvenciones concedidos a entidades públicas y privadas para reclamar la devolución de los fondos mal utilizados. En paralelo, varios juzgados investigaron supuestos fraudes de subvenciones, causas que, en su mayoría, terminaron archivadas. Hubo quien se esforzó en que no fuera así, pero no le dejaron. El juez de Instrucción número 5 de Huelva, Javier Romero Jiménez acordó el sobreseimiento de la pieza principal de la causa de los cursos a pesar de que apreció indicios de prevaricación en la actuación del delegado de Empleo. El juez lamentó que la Fiscalía había cambiado de postura y que la Junta, gobernada por el PSOE, tampoco quería acusar. No le quedó más remedio que darle carpetazo.
En pleno estado de alarma, en marzo de 2020, Rocío Blanco reactivó los cursos sustituyendo el controvertido modelo de subvenciones por las licitaciones públicas, lo que ha permitido devolver los alumnos a las aulas.