Dos años después y sin ley de pandemias

HAN pasado ya casi dos años desde que estalló la pandemia que cambió el curso de nuestras vidas. Llegó casi por sorpresa. Las noticias que recibíamos de China nos parecían demasiado lejanas. Eso no iba con nosotros. Cuando nuestro compañero Pablo Díez, corresponsal de ABC en Asia, nos advertía de la gravedad de la situación y nos pedía que tuviéramos cuidado, que no nos relacionáramos con mucha gente, que evitáramos lugares cerrados muy concurridos, nos parecía que estaba exagerando, que aquí era imposible una situación como esa. Aunque llegara el virus, no pasaría nada, estábamos preparados, teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

El virus llegó. Y nos bajó los humos. Somos vulnerables. También nosotros, los del primer mundo, los que creíamos que lo teníamos todo bajo control. Y los Gobiernos improvisaron, unos mejor que otros, para hacer frente a una crisis sanitaria que acababa con la vida cada día de miles de personas en el mundo. Una crisis sanitaria que en pocas semanas provocó el mayor parón de la economía de la historia reciente. En ese momento todo valía para intentar minimizar los daños sobre el don más preciado que tenemos, la vida. Y los ciudadanos aceptamos con más o menos resignación la restricción de nuestras libertades hasta límites insospechados.

Casi dos años después, el virus sigue entre nosotros. Hemos convivido con la variante Alfa, la Delta y ahora llega la Ómicron... Pero ya no vale todo para enfrentarnos a la pandemia. Lo fácil sería volver a encerrar a todo el mundo en sus casas. Así se reducen los contagios seguro. Pero para eso no necesitamos gobernantes. Los científicos y la industria han hecho su trabajo. Tenemos vacunas, test, mascarillas, respiradores... pero ¿y los políticos? ¿Cómo es posible que en España no haya todavía una ley de pandemias que permita coordinar la lucha contra el virus en todo el territorio? Lo único que se me ocurre es que el Gobierno prefiere que las decisiones antipáticas las tomen los dirigentes regionales, y que sea a ellos a quienes los votantes exijamos responsabilidades. Pero incluso si fuera así, al menos deberían darles los instrumentos jurídicos necesarios para tomar medidas y no estar al albur de las interpretaciones de los tribunales.