El Gobierno tendría margen para aplicar la cuota lingüística del 6 por ciento a Netflix
El último choque entre Gobierno y ERC tiene que ver con la cuota lingüística que los independentistas quieren aplicar a las plataformas audiovisuales en España, independientemente de su origen. ¿Tiene margen el Ejecutivo para aplicar esta cuota? ¿Qué dice la directiva europea? Aquí, las claves de la polémica sobre la ley audiovisual:
¿Qué es la ley audiovisual?
El Gobierno ha aprovechado la obligación de transponer la directiva europea 2018/1808 para remitir al Congreso una nueva ley audiovisual que sustituirá a la aprobada en 2010. Mientras que la normativa vigente establece obligaciones casi exclusivamente para la Televisión Digital Terrestre, el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual regula también la actividad de las plataformas televisivas a demanda –Netflix, Movistar...– y las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube. El plazo para adaptar la directiva expiró el 19 de septiembre de 2020. Si en unos meses no completa la transposición, habrá sanciones.
¿Qué es el principio de país de origen?
De acuerdo con la figura del principio de país de origen, aplicable de manera general en la directiva, los operadores están sometidos a la soberanía del Estado miembro en el que tienen su sede. En la redacción de la ley audiovisual, el Gobierno se refiere a esta limitación para no incluir a Netflix, Prime Video (Amazon), Apple TV+, Disney+ o HBO entre las plataformas obligadas a incluir en su catálogo una cuota mínima del 6% de producciones en las lenguas cooficiales de España, como exige ERC al Gobierno.
¿Dónde radica la sede de las plataformas?
La directiva europea dispone que la
sede central de los prestadores de servicios se encuentra en el país del que son originarios. Y Netflix, HBO y el resto de grandes plataformas que operan en España vienen de Estados Unidos. Pero el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Sergio Príncipe Hermoso explica que en el artículo 2 de la directiva se establece que si las decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación audiovisual se toman en otro Estado miembro, se considerará que el «prestador está establecido en el Estado miembro en que trabaja una parte significativa del personal que realiza la actividad de programación del servicio de comunicación audiovisual». Según este concepto de ‘plataforma bajo jurisdicción’, los Estados miembros tienen la facultad de incluirlas en la lista de prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción. Según Príncipe Hermoso, Netflix, por su grado de implantación en España, sí podría ser incluido en esta lista. No ocurriría lo mismo con Disney+.
¿Qué dice la legislación sobre las cuotas?
La ley audiovisual indica que las plataformas españolas –Movistar, Filmin, FlixOlé...– deben reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad, un 15%, deben ser en lenguas oficiales en España y, de esa subcuota, el 40% deberán ser obras audivisuales en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Esta es la cuota del 6% que ERC quiere aplicar a todos los operadores. El Gobierno solo la dispone sobre las nacionales apoyándose en el artículo 13.1 de la directiva. Este dice que los Estados miembros deben obligar a las plataformas «sujetas a su jurisdicción» a tener un porcentaje de al menos el 30% en sus catálogos. No hay referencia a las lenguas cooficiales, algo que el Gobierno introdujo a última hora en base a otras disposiciones que piden cuidar la diversidad cultural y lingüística. El Ejecutivo, si en su interpretación de la directiva primara el principio de jurisdicción sobre el de país de origen, podría aplicar a Netflix la cuota del 6%.
¿Por qué Netflix sí debe apoyar producciones?
El artículo 13.2 de la directiva admite excepciones al principio de país de origen en materia de financiación de producciones audiovisuales, y así se recoge en la ley española. De este modo, cualquier operadora que ofrezca su servicio en España deberá contribuir a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea. ERC apela a esta excepción para incluirla también en la cuota lingüística de los catálogos.