«No negamos que Villarejo fuese un espía, lo que interesa es si se aprovechó»
► La Fiscalía cambia el paso y vuelve contra el comisario su principal estrategia de defensa
El ímprobo esfuerzo del comisario José Manuel Villarejo por llevar el juicio a su terreno y poner sobre la mesa que si él y sus empresas trabajaban para el Estado no pudo cometer los delitos de cohecho por los que se sienta en el banquillo, se estrelló ayer contra la Fiscalía Anticorrupción.
Su representante ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Miguel Serrano, en un cambio de timón que no pasó desapercibido, le dio la razón en casi todo para acabar volviendo la estrategia de defensa del comisario en un puntal de la acusación contra él. «El papel de Villarejo como policía de inteligencia en ejercicio, como policía destinado en la Dirección Adjunta Operativa con esas específicas funciones no lo ponemos en duda. Es que su condición aleatoria o estructural de colaborador del CNI no la ponemos en duda. El que pudiera incluso estar autorizado para usar sus empresas es algo que tampoco ponemos en duda. A lo que no podía estar autorizado es a que, al hilo de esas funciones y por tanto, con abuso de su condición policial, se lucrara al margen de esa actividad lícita», dijo el fiscal.
Esa es, señaló, «la esencia de la acusación» y lo argumentó tirando de metáforas como la del policía que atraca un banco con una pistola reglamentaria y nadie duda ni de que era policía, ni de que tenía permiso para llevar el arma, porque la clave es si le dejaban robar. «No negamos que sea un espía o que colaborase para los servicios de inteligencia. Lo que nos interesa es que si lo hace, y parece ser que lo haría, aprovecha esa función autorizada y conocida por sus mandos, incluida su colaboración con el CNI, para lucrarse», zanjó.
Por eso, informó a favor de que se admita en el juicio el arsenal de supuestas pruebas de descargo que ha pedido el comisario, ya que entiende que en realidad, «lo que parecen evidenciar, lejos de la pretensión exculpatoria», es su actividad delictiva, al corroborar que estaba en activo mientras hacía encargos privados. Porque el caso Tándem, para Serrano, no es más que eso: «Concretos contratantes privados que utilizan su policía privada».
Un campo de minas
No se opone así a que el tribunal escuche al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y otros funcionarios de inteligencia, como tampoco a la testifical de los jefes policiales que tuvo Villarejo y del exsecretario de Estado de Seguridad. Todos, dijo, «están en condiciones de ilustrar al tribunal» sobre si «el policía atracador estaba autorizado para atracar el banco»: «Eso es en esencia lo que quiere acreditar Villarejo para exculparse; pues que vengan y nos digan, porque pudiera ser», apostilló.
Si es ese el ring donde se librará el combate, Villarejo no lo tendrá fácil porque varios de esos testigos dijeron en el juzgado que conocían de sus empresas y asumían que podía compatibilizar, pero no justificaron actividad alguna fuera de ese guión como las tres que se juzgan: espionaje entre herederos, a un bufete de abogados y una extorsión con vídeo sórdido incluido.
Serrano sostiene que todo lo que se sale de ahí es «ruido extraprocesal», como el que pone en duda el origen de la causa –«unas diligencias no teledirigidas por nadie»–, o la validez de las pruebas. Sobre esto, incidió en que la Policía «no va de pesca» a los registros y de hecho, sólo se llevó «el 1% del papel que había en el domicilio» del comisario. Destacó que los archivos de Villarejo están «trufados de minas», entre secretos e intimidades ajenas que atesoraba para «buscar su impunidad» y explicó que de ahí que ni él, ni nadie haya tenido acceso al total del material intervenido, porque requiere expurgo. sin que eso, adujo, genere indefensión.
Las sesiones se reanudan el día 13.