Condenan a UGT por fraude «sistemático» con fondos públicos en Asturias
▶ Casi tres años de cárcel al líder regional hasta 2016 y multa de 122.00 euros al sindicato
La delegación asturiana del sindicato UGT ha sido condenada por la Justicia como responsable civil del «sistemático desvío de parte de los fondos públicos» que recibió durante varios años para organizar e impartir cursos de formación. El Juzgado de lo Penal Número 3 de Oviedo emitió el pasado lunes una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, por la que condena al que fuera máximo responsable de UGT Asturias hasta 2016, Justo Rodríguez Braga, a dos años y diez meses de cárcel y a una multa de 586.000 euros por varios delitos de fraude con las subvenciones públicas que recibía de la administración autonómica para cursos de formación entre 2011 y 2012. Y podía haber sido peor para Rodríguez Braga si la Fiscalía no hubiera rebajado la condena que solicitaba para él inicialmente, hasta diez años de prisión, al considerar que habían prescrito las mismas irregularidades de 2010.
Además, han sido condenados otros responsables de UGT en esa época, como los secretarios de Administración y Formación, Mónica Menéndez y Manuel Díaz. La primera se ha llevado la peor parte con tres años y ocho meses de prisión, mientras que el segundo ha recibido la misma condena que Rodríguez Braga. Todos ellos deberán pagar 330.000 euros de forma conjunta a la administración asturiana, que ejerció la acusación particular en el juicio que se celebró el pasado mes de octubre.
La condena alcanza también a la propia UGT Asturias, a la que la magistrada impone otra multa de 122.000 euros como responsable civil de un delito de fraude. La mecánica es casi idéntica a la que se ha destapado en otras comunidades, como Andalucía. La administración autonómica, en este caso el Principado de Asturias, concedía al sindicato subvenciones públicas para dichos cursos, que éste subcontrataba a su vez con otras empresas del sector, entre ellas algunas vinculadas al propio sindicato, como el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).
Estas subcontratas incluían sobrecostes en las facturas para generar un margen del que luego se apropiaba el sindicato. Así, por ejemplo, se metía en las facturas el alquiler de aulas en las que se impartían estos cursos, cuando en realidad se trataba de instalaciones de la propia UGT o cedidas gratuitamente por administraciones públicas, como ayuntamientos, por lo que no generaban ningún coste para el sindicato ni para la subcontrata.
Sin embargo, el importe real de ese alquiler ficticio terminaba en las arcas del sindicato a través de las empresas que participaron en esta operativa. Por eso, también han sido condenados varios responsables de las mismas. Además, se facturaban cantidades falseando las horas de otras instalaciones y equipos informáticos alquilados.
No más subvenciones
Aprovechaba cursos de formación subvencionados para facturar sobrecostes falsos con los que luego pagaba gastos corrientes
La magistrada también considera probado que parte de esos fondos desviados de las subvenciones públicas se utilizaron para gastos corrientes de UGT Asturias, entre ellos para pagar sueldos de sus propios trabajadores, como informáticos o auxiliares administrativos. La sentencia, no obstante, aclara que estos empleados desconocían esta circunstancia y, por tanto, ignoraban que el sindicato estuviera pagando sus nóminas de esta forma fraudulenta. De hecho, ninguno de ellos participaba en los cursos de formación, por lo que no se podía imputar sus sueldos a esas subvenciones.
El fallo de este juzgado, contra el que cabe recurso de apelación, tiene más consecuencias para la delegación asturiana de UGT, además de la multa de 122.000 euros que deberá pagar como responsable civil. Y es que esta sentencia le impedirá optar a más subvenciones públicas y otro tipo de ayudas económicas, como incentivos fiscales, durante un periodo de cuatro años.