Iberdrola carga contra el juez del caso Villarejo tras perder un negocio millonario
➤ Acusa al instructor y los fiscales de cruzar «todas las líneas» y dañar a la compañía
La defensa de Iberdrola ha presentado un escrito ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, en el que atribuye «al devenir» de su investigación la responsabilidad de que la compañía haya perdido un negocio de «8.000 millones de dólares» en EE.UU. donde, según expone, se ha frustrado una importante operación por el desgaste reputacional al que la Audiencia Nacional somete a la compañía.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, reclama al juez que adopte las diligencias que le encomendó la sala de lo penal cuando el pasado 12 de noviembre restituyó a Iberdrola como parte perjudicada en la causa, imputó al hasta ahora principal testigo de cargo, el exdirectivo José Antonio del Olmo, y ordenó que se investigara si la documentación que él ha aportado al procedimiento tiene visos de falsedad.
La compañía incide en que «a pesar de la claridad del mandato de la sala de lo penal (...) el magistrado instructor no ha dictado ninguna diligencia de investigación de las solicitadas» ni por la propia Iberdrola para esclarecer la veracidad de esa documentación, ni tampoco «conducentes a dar cumplimiento» a esa resolución del 12 de noviembre. Lo que sí hizo el juzgado tras recibir el auto y una vez se había confirmado la imputación de Iberdrola Renovables fue poner fecha a la declaración como imputado del presidente de la compañía, Ignacio Galán, entre otros. Será en enero.
Para la eléctrica, que se querelló por falsedad contra Del Olmo, no se ha profundizado lo suficiente en el análisis de esa documentación sin la cual, asegura, «no existe fuente de prueba alguna que apunte de un modo material contra los directivos de Iberdrola». Critica en este sentido que tanto los fiscales de Anticorrupción como el juez «han optado por relegar cualquier investigación al respecto e insistir, contradictoriamente, en tomar declaración a aquellos investigados cuya imputación parte precisa y únicamente del documento pendiente de investigar, como es el caso de Ignacio Galán».
Para la defensa de Iberdrola, haberle citado a declarar, como a otros altos ejecutivos, «no obsta a que se practiquen diligencias» para esclarecer la veracidad de esa documentación, entre otras cosas para «impedir que se produzcan dichas declaraciones sobre la base solamente de indicios que no han sido obtenidos mediante violación de algunos derechos fundamentales».
«Se resiente su reputación»
«Un actuar como el anterior pone de manifiesto que las últimas decisiones judiciales reflejan cómo la presente investigación penal se impulsa solo en un sentido, obviando la necesidad lógica y jurídica de avanzar en la determinación de la punibilidad de la conducta del autor del documento, presuntamente falso, el también investigado José Antonio del Olmo. Y todo ello en claro perjuicio de Iberdrola, que ve así como se va resintiendo su reputación», señala el escrito.
En este sentido, denuncia que la actuación judicial «no protege sus legítimos intereses y derechos», cuando corresponde a los órganos judiciales «evitar los perjuicios que su actuación puede generar».