Carta (Magna) blanca
El sanchismo ha concedido impunidad a una estrategia de exclusión xenófoba que estigmatiza a los propios compatriotas
EN la semana de efeméride de la Constitución los principales aliados del Gobierno, que por supuesto se abstuvieron de acudir a celebrarla, han organizado un escrache contra un niño de cinco años cuyos padres reclaman el cumplimiento de una sentencia del Supremo sobre el párrafo uno del artículo tercero. Lógico. Por qué va a someterse el independentismo a la ley si el Consejo de Ministros indulta su rebeldía y el presidente acusa de revanchistas a los encargados de administrar justicia. Si no sucede nada después de que la Corte de Garantías dictamine que los dos estados de alarma vulneraron derechos fundamentales protegidos en la Carta Magna. Si el Estado tiene que negociar con los herederos del proyecto etarra la suspensión de homenajes populares a los más conspicuos asesinos de la banda. En virtud de qué precepto habrían de suspender los separatistas su estrategia de exclusión totalitaria cuando el Ejecutivo de la nación les da en la práctica carta blanca.
De pe a pa dijo Sánchez que hay que cumplir los enunciados constitucionales que por dos veces subvirtió en la pandemia con decretos de suspensión abusiva de las libertades. Y la presidenta del Congreso, que estaba delante, reprochó a la oposición que utilice su legítima facultad de apelar a los tribunales, que por cierto han dado en varias ocasiones la razón a los reclamantes. A la señora Batet, convertida en ‘longa manus’ gubernamental en el poder legislativo, el recurso al amparo judicial le parece una intromisión en el equilibrio político; cómo extrañarse luego de que los independentistas desobedezcan los veredictos. A ninguna de las dos máximas autoridades institucionales se les ha oído hasta ahora un comentario crítico sobre el ‘apartheid’ a un chiquillo acosado con métodos propios del más infame segregacionismo.
En la Unión Europea existen gabinetes de composición múltiple, coaliciones más o menos extravagantes, pactos heterogéneos. No se conoce sin embargo un Estado que haya entregado el mando efectivo a partidos que presumen de su falta de respeto al ordenamiento y se propongan subvertirlo desde dentro. Hay países gobernados por fuerzas de intensa radicalidad ideológica, cuando no directamente xenófobas, pero ni la más extremista de entre ellas considera extranjeros a sus propios compatriotas. Ése es el rasgo diferencial del sanchismo, la clave de su anomalía histórica: haber embarcado en la gobernación de España a una amalgama de formaciones adversarias del principio esencial de la soberanía democrática. En ese sentido, el episodio de Canet representa, más allá de su repugnante violencia moral, la metáfora de una inquietante tolerancia con las agresiones a la convivencia ciudadana. Y esa impunidad convierte las proclamas constitucionalistas de Sánchez en otra patraña. Parafraseando al doctor Johnson, su mandato se ha convertido en el último refugio de los canallas.