Alta Inspección, una vía muerta para frenar los abusos del Govern
► El órgano estatal no ha actuado ante las reiteradas deslealtades al orden constitucional
«No está ni se le espera». La Alta Inspección educativa, órgano de control que depende directamente del Gobierno, lleva años con un perfil bajo en Cataluña. Ni el reiterado incumplimiento por parte del Govern de numerosas sentencias que le obligan a impartir más castellano en las escuelas, ni las sucesivas denuncias por adoctrinamiento ideológico en las aulas han sido motivo suficiente para que este instrumento de observación del Estado se active y recupere en Cataluña su función de garante de la legalidad.
Los profesionales del sector han visto cómo durante años este órgano permanecía impasible ante las deslealtades por parte de la Generalitat al orden constitucional. Por eso ahora, con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ratificada por el Tribunal Supremo (TS), que obliga a a impartir un 25 por ciento de castellano en todas las escuelas de la comunidad, dan por sentado que «tampoco moverá pieza».
«La Alta Inspección lleva años inactiva en esta comunidad, donde el cuerpo estatal de inspectores, en manos del gobierno autonómico, ejerce en exclusiva las tareas de control de la enseñanza», indica el inspector educativo Jesús Rul. Recuerda que la presencia de la Alta Inspección en la comunidad ha sido siempre «residual» –se limita a dos funcionarios que en algunas ocasiones no son inspectores– al igual que su capacidad de acción. «No pueden entrar en las aulas y su falta endémica de recursos les impide realizar su principal cometido: supervisar el sistema y, en caso de detectar irregularidades, dejar constancia de ellas en un informe y elevarlo a la Abogacía del Estado», asegura Javier Fernández, portavoz de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie).
Rul coincide con él en la «inoperatividad» endémica de este cuerpo que rinde directamente cuentas al Estado. «Cuando el Gobierno de Adolfo Suárez traspasó en los años 80 al Ejecutivo de Jordi Pujol el control del cuerpo de inspectores, el Estado inventó, para no quedarse sin nada, la Alta Inspección, un órgano burocrático que no sirve para nada. No actúa porque no puede hacerlo. No puede supervisar, solo está capacitado para hacerlo el cuerpo que gestiona el Govern», denuncia Rul, quien considera que «la Alta Inspección debería suprimirse para evitar costes innecesarios».
«Nombrados a dedo»
Fernández denuncia también la alta politización del órgano. «Es un instrumento político; sus representantes son nombrados a dedo por el Gobierno», explica el portavoz sindical, quien acusa a los diferentes gobiernos (PP y PSOE) de «no haber impedido a Cataluña a través de la Alta Inspección que se salte la legalidad vigente. No se le ha dado nunca el potencial ni los recursos para que pueda actuar».
En este sentido, el portavoz del sindicato estatal de inspectores pide un cuerpo profesionalizado, desvinculado del poder político que pueda «ejercer con celo sus funciones sin estar al albur de los partidos políticos».