«No nos gusta, pero no queda otra que callar»
No solo hay independentistas en Canet: la indignación entre algunos vecinos por el hostigamiento a la familia que reclamó un 25% de las clases en castellano se expresa en voz baja
Vecino de San Pol de Mar «Tenemos a una sola persona que pide el castellano. Otra cosa sería que lo pidiese el 50%»
Residente en Canet «Cuando escuché que querían apedrear la casa de la familia me puse a llorar»
Magdalena vive en Canet de Mar (Barcelona) desde hace 21 años. Llegó a este municipio del Maresme con menos de 15.000 habitantes desde su Turquía natal. Son las tres de la tarde y, entre calles semidesiertas, se adentra en la farmacia de la plaza Busquets. Cuenta que hace dos meses superó un cáncer, pero sigue con el tratamiento. Regenta un negocio en la localidad que ahora copa titulares por el asedio a un menor, cuyos padres han conseguido, vía judicial, que reciba el 25% de las clases en castellano. «Cuando escuché que querían apedrear la casa de la familia me puse a llorar. Yo soy extranjera y vine aquí para trabajar. Siempre he cumplido las leyes. No sé mucho de política, pero si la ley dice una cosa, la Generalitat tiene que obedecer», comenta sulfurada después de que la Justicia ordenase al Govern de Pere Aragonès proteger al niño ante la campaña de acoso desatada.
A pocos metros, María, que entiende el catalán pero no lo habla, condena el hostigamiento a la familia que ha conseguido que su pequeño cuente con una asignatura más en español, aunque lo hace con la boca pequeña. «Trabajo aquí y mis clientes están aquí, por eso no puedo decir nada. Aunque no estamos de acuerdo y no nos gusta, no queda otra que callar», comenta resignada. Esta mujer de mediana edad tiene un nieto. «Sus padres también son castellanoparlantes y piensan en apuntarlo a una guardería para que aprenda catalán, porque si no lo pasará mal en el colegio», apunta.
Solo a unos metros del colegio el Turó del Drac, donde estudia el menor señalado, Fernando, burgalés, espeta: «Llevo 30 años aquí y no hablo catalán porque no me da la gana, con tanta tontería que se andan», en alusión a los nacionalistas. Para demostrar que no se trata de un rechazo a las lenguas, explica que tras dos años en Alemania aprendió «perfectamente» el alemán.
Pero en Canet no todos se han posicionado con la familia. Algunos, incluso, aseguran no haberse enterado del hostigamiento. «No sé nada», apunta –en catalán–un jubilado que ojea los anuncios de una inmobiliaria. Lo mismo que un joven que pasea a su perro. «Vivo aquí, pero estudio fuera», indica. Tras éste, una abuela pasea con su nieto. «Lo he visto por la tele», comenta. Preguntada por la protesta que se convocó el viernes a pocos metros de la escuela del menor, cuenta que pasaron la tarde en Barcelona.
Una movilización que organizó el independentismo con el pretexto de defender el catalán, pero que supuso otro acto de hostilidad hacia unos padres a quienes la justicia les ha reconocido el derecho a que su hijo reciba una asignatura más en castellano.
Entre sus asistentes, Ignasi, que acudió desde la cercana San Pol de Mar (Barcelona), y que justificó el señalamiento como «inevitable»: «Tenemos a una sola persona que pide el castellano frente al resto; otra cosa sería que lo pidiese el 50%». Sobre su presencia en la manifestación, apuntó la intención de defender el modelo educativo catalán. «Educación es una competencia transferida, un juez no puede decidir el idioma que se utiliza en los colegios», esgrimió.
Junto a él, unas 400 personas, algunas con banderas esteladas. A la cabeza, jóvenes integrantes del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), próximo a la CUP. Tras una pancarta que rezaba «Hoy y mañana, educación en catalán», azuzaron al Govern a «desobedecer la sentencia» que insta a impartir el 25% de las clases en castellano.
Las cruces amarillas
Todo ello, en el transcurso de un recorrido por este municipio costero, en el que muchos de sus habitantes se expresan, precisamente, en español. Y es que casi tres de cada diez de los allí empadronados provienen, o bien de otras regiones de España, o de otro país, según refleja el Instituto de Estadística catalán.
Quizá por este motivo, durante la marcha para protestar contra la decisión judicial, fueron varios los curiosos que observaron desde la distancia o encaramados a sus balcones como decenas de manifestantes, arropados por diputados de Junts y la CUP, avanzaban por las calles de la localidad clamando por la independencia de Cataluña, todo ello bajo el pretexto de un ataque al modelo de inmersión lingüística. Eso sí, sin mencionar los ataques contra la familia del niño.
Sí lo hizo la alcaldesa del municipio, Blanca Arbell (ERC), quien restó importancia a los mensajes amenazantes contra estos al asegurar que solo le constaban «dos tuits» y ninguna denuncia al respecto de los afectados. En cambio, lamentó haber recibido amenazas de muerte, vía telefónica, en el consistorio. También que los tildasen de «nazis».
Una actitud de la edil que contrasta con la que mostró en 2018, cuando se produjo una pelea en la playa de Canet, por la retirada de cruces amarillas en señal de apoyo a los políticos presos. Entonces, Arbell, al frente de un consistorio con mayoría independentista, sí condenó que «ultras campaban a sus anchas buscando la confrontación».