El Constitucional estudia frenar las recusaciones de los líderes del ‘procés’ por fraudulentas
➤ Se ve un intento de boicotear al tribunal al dejarlo sin quórum para resolver sobre el desafío secesionista
Ni dos semanas esperaron condenados y huidos del ‘procés’ para intentar apartar a dos de los cuatro nuevos magistrados que, desde el pasado 18 de noviembre, forman parte del tribunal, el mismo tiempo que previsiblemente tardará el órgano de garantías en frenar en seco la maniobra de las defensas para paralizar el funcionamiento del tribunal. Porque es así como se interpreta en el TC esta nueva ofensiva de recusaciones con las que Junqueras, Romeva y Bassa, por un lado; Puigdemont y los exconsejeros huidos, por otro, y el expresident Quim Torra pretenden que Enrique Arnaldo y Concepción Espejel se abstengan de participar en los asuntos relacionados con el desafío secesionista.
En el TC son conscientes de que aceptar estas recusaciones tendría unas consecuencias tan graves para el tribunal que lo dejaría sin el quórum mínimo de dos tercios (ocho magistrados) que la ley requiere para poder estudiar los asuntos que llegan al Pleno. Y es que a los dos magistrados señalados habría que sumar la ausencia de otros dos que se apartaron voluntariamente antes de que sus recusaciones se tramitaran, Cándido CondePumpido y Antonio Narváez, y la del magistrado Alfredo Montoya, que desde el verano se encuentra convaleciente y no puede asistir al tribunal. Es decir, de los doce miembros del TC quedarían solo siete para estudiar los asuntos del ‘procés’.
Fuentes del TC consideran que, bajo el argumento de la imparcialidad al que se apela, se oculta el verdadero interés de las defensas en bloquear al tribunal, lo que podría constituir una actuación «fraudulenta» que debería conducir a la inadmisión de plano de estas recusaciones. De ahí que se espere una respuesta tan contundente como la que dio el Pleno a Carme Forcadell
cuando en septiembre de 2017 recusó a la totalidad de los magistrados en una actuación que se tildó de «impertinente y abusiva». Y es que aunque en este caso no es la totalidad del tribunal la recusada, el efecto pretendido es el mismo, señalan esas fuentes, pues las defensas son conscientes de que no existe ese quórum mínimo y de que se produciría la parálisis del tribunal precisamente en los asuntos que a ellos les incumben. «Dejan al tribunal sin capacidad de actuar y ese es el principal defecto en el que incurren estas recusaciones», señalan las fuentes citadas, porque el TC «tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar su propio funcionamiento». Opinan que estas recusaciones no están dirigidas a garantizar la imparcialidad del tribunal, sino «a impedir su marcha ordinaria». «Es un abuso de derecho con el que se pretende poner al tribunal en una situación límite», comentan.
Sin sustitutos
A diferencia de la jurisdicción ordinaria, donde sí hay mecanismos de reemplazo que garantizan que otro juez ocupe el lugar del juez recusado, en el Tribunal Constitucional no existe esa posibilidad de sustitución interna. De ahí que en el TC se interprete que estas recusaciones no van dirigidas contra esos dos nuevos miembros, sino contra todo el tribunal.
De momento los magistrados no han decidido todavía cómo se van a tramitar estos escritos y aprovechan los días anteriores al primer Pleno, previsto para el miércoles, para ordenarlos y estudiarlos con el fin de llevar una posición clara a esa reunión, la primera presidida por Pedro González Trevijano. Como alertaban fuentes del tribunal a este diario nada más tomar posesión los nuevos magistrados, el TC ya contaba con que se iban a producir iniciativas de este tipo contra el nuevo tribunal al haber fracasado las recusaciones contra la anterior composición del órgano, el último intento por parte de Junqueras en marzo. Insisten, como entonces, en la necesidad de limitar al máximo el objeto de la recusación, más cuando las acusaciones de falta de imparcialidad se refieren a etapas anteriores a la de magistrado del tribunal como consecuencia de opiniones plasmadas en publicaciones o vertidas en conferencias. «Es lógico que un jurista de prestigio con una larga trayectoria profesional a sus espaldas haya opinado en algún momento sobre asuntos de especial relevancia», dicen en el tribunal. Eso no implica que esté contaminado.
Si se aceptaran las recusaciones, de los 12 miembros del TC sólo quedarían 7 para estudiar los asuntos del ‘procés’