Más de tres años de unas diligencias sin juez que las controle ni defensa posible
Tres diligencias abiertas en los tres últimos años y un archivo conjunto de todas ellas que se insinúa como cercano en fuentes fiscales pero no se llega a producir. Este es el balance de las tres investigaciones a Don Juan Carlos que inició el Ministerio Público en otoño de 2018 y que en ningún momento han pasado por las manos de un juez ni –por su carácter secreto– han permitido al aludido ejercer su defensa. A día de hoy sigue sin tener la condición de imputado y el insinuado próximo archivo de esas diligencias apunta a que no lo llegará a ostentar porque la inviolabilidad de que gozaba en las fechas de los hechos, la prescripción de parte de ellos y las dos regularizaciones que ha acometido juegan en su favor. Y sin embargo, siguen abiertas.
Si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite que la Fiscalía abra diligencias de investigación ante la noticia de un posible delito, la misma normativa restringe los plazos a seis meses prorrogables. El límite de punto de partida da ya idea de lo que se espera de este tipo de pesquisas, una fase previa que debe culminar con celeridad y que tiene por objeto poner en conocimiento de un juez cualquier indicio sólido apreciado o decretar el archivo si no lo hay. La prospección está expresamente vetada.
Y el hecho de que, de semestre en semestre, la Fiscalía haya venido ampliando el margen para investigar el patrimonio de Don Juan Carlos está creando malestar dentro y fuera del Ministerio Público. No son pocos los fiscales que muestran sorpresa por la extensión de las diligencias de investigación y que empiezan a apuntar a un interés político en mantenerlas abiertas sin judicializarlas mediante interposición de denuncia o querella. La más antigua es la que arrancó ante posible corrupción en las transacciones internacionales por supuestas mordidas en la adjudicación del AVE a La Meca, las mismas que no da por acreditadas la Fiscalía de Suiza. Esa línea se abrió en 2018 y sigue abierta en espera, dicen fuentes conocedoras, de recibir más documentación, aunque ya se ha esclarecido que siendo Rey en 2018 gozaba de inviolabilidad. Se trata de contrastar la veracidad de la regularización fiscal que acometió al hilo de esta parte de las pesquisas.
La más reciente, de diciembre de 2020, fue prorrogada a principios de mes por decreto de la fiscal general del Estado. No significa que la Fiscalía vaya a agotar el nuevo plazo de seis meses, pero siendo la perspectiva el cierre conjunto de las tres diligencias, si alguna de las otras dos ya se ha agotado se estaría prolongando sin razón. En este caso, se trata de la pista que dio el Servicio de Prevención de Blanqueo sobre un conglomerado en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey y el margen se ha requerido para analizar documentación. Mientras, siguen abiertas las intermedias, por fondos de un empresario mexicano a través de un tercero y que ya estarían instruidas, según las fuentes consultadas. Hubo también regularización fiscal y pago de multa. Siguen abiertas y sin judicializar.