Podemos intenta acallar a los policías con una denuncia en el Consejo de Europa
Los acusa de perder la neutralidad por su protesta masiva contra la nueva la ley de Seguridad Ciudadana
El Gobierno –al menos la parte que controla Unidas Podemos– ha pasado de intentar minimizar la histórica manifestación del pasado 27 de noviembre en Madrid, convocada por 40 sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil en contra de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, a denunciarla ante el Consejo de Europa por tratar de «confundir a la opinión pública española» sobre la conveniencia de la misma. Incluye, además, a Partido Popular, Vox y Ciudadanos como aliados suyos, tratando de identificar a unos y otros.
La manifestación, sin precedentes porque fue la primera vez que policías y guardias civiles salían a la calle en contra de una iniciativa legislativa de un gobierno, ha encendido todas las alarmas en el Ejecutivo, consciente de la enorme sensibilidad de la imagen que se produjo ese día. No solo eso; los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas de Seguridad, en una unidad de acción inédita, ya han anunciado que van a continuar las movilizaciones.
Si lo que anhelaba Interior era calmar la tensión en la Policía y la Guardia Civil, la iniciativa de Unidas Podemos no ha hecho más que encrespar los ánimos, pues los agentes entienden que con ella se intenta «acallar nuestras protestas y amedrentarnos». El SPP, mayoritario en la escala ejecutiva del Cuerpo, ha enviado una carta al Consejo Europeo de Sindicatos Policiales (CESP) en la que desmonta las acusaciones de ese grupo parlamentario para que sea trasladada al Consejo de Europa. «Exigimos una rectificación pública», afirma su presidente, Adolfo Medina; «se nos acusa de forma infundada y genérica, sin haber hablado con nosotros», añade.
La indignación por esta denuncia en sindicatos y asociaciones de las Fuerzas de Seguridad es enorme. Para Pablo Pérez, portavoz de Jupol, sindicato policial mayoritario, «es completamente surrealista que aquellos que sujetaban la pancarta cuando nos manifestábamos contra el Gobierno de Rajoy sean ahora los que nos quieren coartar nuestros derechos de manifestación» y niegan que hayan dejado de ser neutrales: «Cada uno de los policías puede tener su ideología, pero cuando se pone el uniforme esa ideología queda completamente apartada y de lado, porque nos debemos al ciudadano y, precisamente por eso estamos en contra de esta reforma».
Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, asegura que «se han asustado por la manifestación de Madrid y es un intento de amedrentarnos, pero no lo van a conseguir. Cada ataque tendrá su respuesta. Hay poco talante democrático. Salimos a la calle para defender el Estado de derecho. Al PSOE le falta valor y coraje; vende la seguridad de los ciudadanos a cambio de cuotas de poder».
Echenique y Santiago
El documento de Unidas Podemos, redactado por Pablo Echenique y Enrique Santiago, portavoz y portavoz adjunto respectivamente de ese grupo parlamentario en el Congreso, se ha enviado a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. En él se alerta de la oposición de sindicatos policiales, por una parte, y PP, Vox y Ciudadanos, por otra, a la reforma de la ley de seguridad. Solicitan que el organismo europeo se pronuncie sobre el rechazo de estos colectivos a modificar la norma, que según ellos ya demandó la citada comisión, aunque lo cierto es que no pedía que
los cambios fueran en la ley orgánica, sino de rango menor.
Santiago dijo ayer en la Cadena Ser que «no se puede normalizar» que sindicatos policiales intenten «condicionar» la acción legislativa y añadió que «no es asumible» que pidan que no se reconozcan «derechos y libertades» de los españoles. En consecuencia, opinó que es «evidente» que las posiciones de ciertos colectivos son de «pérdida de la neutralidad» que debe regir en las Fuerzas de Seguridad.
En dicho informe, al que ha tenido acceso ABC, Pablo Echenique y Enrique Santiago detallan las enmiendas, pactadas entre Unidas Podemos y PSOE, a la proposición de ley del PNV para modificar la ley de Seguridad, que dota al texto, según afirman, de un «enfoque progresista y garantista». Eso sí, también admiten que la actual ley ya ha sido examinada por el Tribunal Constitucional tras el recurso que presentaron y que solo rechazó uno de sus puntos.
Unidas Podemos sostiene que sindicatos policiales y oposición han expresado su «radical oposición» a las enmiendas basadas en las indicaciones formuladas por la Comisión de Venecia, como «la referencia a la presunción de veracidad de los agentes respetando el principio de presunción de inocencia». «También mostraron su oposición y protestaron por las modificaciones realizadas a fin de protocolizar y reducir la lesividad del material usado por las Fuerzas de Seguridad (como podría ser cierto tipo del material antidisturbios, las balas de goma o las pistolas de electrochoque)».
Frente a esta actitud, destaca que la ley de Fuerzas de Seguridad recoge, entre las funciones de sus miembros, el de velar por el cumplimiento de las normativas y disposiciones generales que reciban de las autoridades. Por tanto, en su opinión, conductas como las de algunas asociaciones y agentes en dicha manifestación «se desvían de esa obligación».