Escrivá dejará sin gastar 1.000 millones del presupuesto del IMV
La que iba a ser la medida estrella del Gobierno –el ingreso mínimo vital– pretendía llegar a 850.000 hogares. Año y medio después solo llega a 350.000
Solo el 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital
La complejidad de los procesos y los exigentes requisitos provocan que tres de cada cuatro solicitudes se denieguen
Diecinueve meses después de su aprobación y con un buen puñado de modificaciones normativas a sus espaldas, el ingreso mínimo vital (IMV) sigue enredado en una maraña normativa que estrangula su llegada a los hogares más necesitados de nuestro país. A falta de un par de semanas para que termine el año, los datos de ejecución presupuestaria de la que prometía ser la medida estrella del Gobierno de coalición evidencian el tapón: de los 2.988,36 millones presupuestados para todo el ejercicio, hasta octubre se han abonado 1.564 millones, el 57,3% del total. La cuantía de los pagos realizados solo en el mes de octubre ascendió a 161 millones, cantidad que más o menos se ha venido manteniendo estable en los últimos meses, lo que apunta a que a final de año quedarán sin gastar cerca de 1.000 millones del presupuesto inicialmente designado a esta prestación.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social esperan que esta cuantía vaya poco a poco aumentando en línea con el aumento de los beneficiarios, optimismo que, sin embargo, no comparten en la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Su presidente, José Manuel Ramírez, reconoce que «las sucesivas modificaciones del real decreto ley que regula el IMV han propiciado un aumento de resoluciones positivas» pero alerta de que «la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos» siguen siendo la principal causa de tantas denegaciones.
Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha varias modificaciones de la norma estos últimos meses para intentar ampliar su radio de actuación. Desde un complemento de ayuda a la infancia de entre 100 y 50 euros por hogar en el caso de familias con niños de hasta 18 años, hasta la inclusión de los jóvenes extutelados, pasando por la rebaja de ciertos requisitos, como el plazo de convivencia necesario para acceder a la prestación. También se han elevado los umbrales de renta y patrimonio en algunas circunstancias y se ha eliminado del cómputo de la renta el cobro de las prestaciones por dependencia, desempleo, o la pensión de alimentos.
Parte de estos cambios se han visto reflejados en la partida presupuestaria de Seguridad Social. Así, del montante inicial de 2.988,36 millones de euros se retiraron 260,28 millones, lo que dejó presupuesto final en 2.728,08 millones. En paralelo se aumentó en 258 millones la partida denominada «resto de prestaciones familiares», que englobaría parte de estas ayudas a la infancia. También se ha notado en las estadísticas de concesión: si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, hasta marzo de este año fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%.
Sin embargo, las cifras están aún muy lejos de los objetivos que se marcó el Ejecutivo con el lanzamiento de esta ayuda estrella. En septiembre, la prestación de la Seguridad Social había llegado a 350.000 hogares con 800.000 personas beneficiadas. Los planes iniciales del ministro Escrivá pasaban por llegar a 850.000 hogares y favorecer a 2,3 millones de personas.
¿Qué razones esgrime el departamento que dirige Escrivá sobre los escuálidos resultados? Fuentes de su Ministerio aseguran que si los datos se comparan con las rentas mínimas de inserción que pagan las autonomías el proceso va muy rápido. Argumentan que las comunidades apenas han llegado a poco más de 200.000 beneficiarios y que desde que está en marcha el ingreso mínimo sus beneficiarios son 350.000 hogares.
A diferencia de la complejidad del proceso que denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desde la Seguridad Social se afirma lo contrario: que «cuando en un año se ha logrado alcanzar esa cobertura (la del IMV) el proceso muy complejo no puede ser. Lo que sí hay –precisan– son casos individuales que sí con complejos, pero no es algo generalizado».
Las causas del bloqueo
Según recuerda Manuel Ramírez, el propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia a solicitud de la asociación que preside, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio). También influye que se valoren los ingresos de la renta del año 2019, aunque se puede pedir que se tengan en cuenta los del año en curso, y la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo, pese a que la realidad de las
familias en situación de extrema pobreza es generalmente muy inestable.
Según esta asociación, tres de cada cuatro solicitudes del ingreso mínimo vital han sido rechazadas desde que está en marcha, el 73% y casi 100.000 están pendientes de resolver. Asegura que sólo el 8% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de esta renta.
La ayuda, que estaba destinada a ser la estrella de las prestaciones del Gobierno de coalición para luchar contra la pobreza en España en tiempos de pandemia, no termina, por tanto, de cuajar. Hasta en ocho veces se ha visto obligado el ministro de Seguridad Social a cambiar una prestación que de media asciende a 172 euros mensuales por beneficiario y 436 euros por hogar. Nacida en un momento de máxima expectación social, y también de máxima tensión en el seno del Gobierno de coalición, la gestión de esta ayuda ha defraudado a pie de calle.
Impulso con los fondos
Ahora el ministro que gestiona las pensiones en España quiere dar un nuevo empujón a este subsidio con los fondos europeos. Como ya informó ABC, repartirá 110 millones a dedo entre fundaciones, asociaciones, comunidades autónomas y municipios para que realicen proyectos piloto «innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social». Y que estos itinerarios «mejoren la tasa de acceso al IMV al incrementar su efectividad» con medidas que permitan una «atención integral de las personas más vulnerables», según relata el Gobierno en el BOE donde publicó el reparto.