Bruselas exige a España una lista detallada de todas las empresas que han recibido fondos de la UE
Detecta debilidades en el control y fuerza cambios para saber dónde acaba el dinero
La Comisión Europea entiende que el sistema de controles diseñado por el Gobierno para garantizar la adecuada utilización de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no es ni todo lo estricto ni todo lo transparente que debería y ha exigido cambios para asegurarse de que podrá seguir el rastro de cada euro de los 69.500 millones que tiene asignados España de este programa.
Para empezar ha reclamado al Gobierno que habilite una base de datos accesible en la que se recoja información detallada de todos los ‘beneficiarios efectivos’ de los contratos adjudicados con fondos europeos, a fin de poder chequear en todo momento no solo los nombres de las empresas o particulares que se adjudican esos contratos sino también los titulares reales que están detrás de las mismas, algo que a juicio de Bruselas no estaba garantizado en la foto sobre su sistema de control que le envió España, según se recoge en el propio informe de evaluación de la Comisión Europea.
A Bruselas le preocupa que el primer gran programa de inversiones financiado con recursos propios de la UE acabe en las manos equivocadas. El reglamento que regula los fondos está plagado de cautelas en este sentido y de hecho exige a los países que sus auditorías anuales identifiquen a los perceptores finales de los fondos con nombres y apellidos o razón social, que hagan lo propio con los contratistas y los subcontratistas y que establezcan los mecanismos necesarios para identificar de forma clara y distinta a los titulares reales de las empresas, cuando estas formen parte de un entramado empresarial.
La información proporcionada por el Gobierno de España en este sentido en el marco de la evaluación preliminar para liberar los primeros 10.000 millones de euros de fondos europeos decepcionó a los funcionarios de la Comisión. La auditoría independiente que exigía Bruselas, elaborada en este caso por PwC, acreditó la existencia formal de un sistema de control, pero no mucho más.
La Comisión esperaba información detallada sobre los beneficiarios reales de los primeros contratos adjudicados con fondos europeos y no la consiguió hasta que la exigió expresamente. El Gobierno le proporcionó entonces información sobre los 38 adjudicatarios que tenía controlados hasta finales de septiembre, lo que al parecer convenció a Bruselas de que el sistema diseñado en España sí permite tener controlados a los beneficiarios de los fondos, pero no resolvió su preocupación respecto al funcionamiento.
Red ministerial de control
Más allá de disponer de una base de datos con información detallada de todos los adjudicatarios y beneficiarios reales de fondos europeos, para lo que la Comisión ha instado al Gobierno a tirar de la información que le pueden proporcionar tanto los notarios como la Agencia Tributaria, Bruselas entiende que España debe cubrir las lagunas que su sistema tiene para acreditar la titularidad real de las empresas extranjeras sin presencia en España que se puedan adjudicar algún contrato dentro del plan español.
También ha exigido alguna medida para reforzar los controles internos habilitados por el Ministerio de Hacienda sobre los destinatarios de los fondos europeos. El Gobierno ha comprometido en este sentido la creación de una red de unidades especializadas en este tipo de controles en cada ministerio para realizar rastreos de titulares reales en el ámbito de cada departamento ministerial, bajo la coordinación de Hacienda.
Fuentes de este ministerio aseguran que no solo España ha sufrido el celo de Bruselas. Señalan que la forma de abordar la identificación de los titulares reales no se ha concretado hasta el 29 de noviembre en un reunión de expertos de diferentes países y que aplican a todos los países de la Unión. Destacan que el hito fue considerado por Bruselas como cumplido de forma satisfactoria, como así se refleja en el informe preliminar de evaluación publicado el 3 de diciembre.
Fuentes de La Moncloa señalan que el asunto sí ha sido objeto de cierta tensión entre el Gobierno de España y Bruselas en el proceso de evaluación del primer contigente de hitos a cumplir por España y que el Ejecutivo continúa albergando la preocupación de que los requisitos impuestos por la Comisión puedan actuar como obstáculo para una ejecución ágil y rápida de los fondos europeos.