La comisión Kitchen se queda en un juicio político sin propuestas de reforma

► Los grupos concluyen que hubo disfunciones pero ninguno plantea cambios de calado

Hay tres formas de afrontar una comisión parlamentaria de investigación: como un mero juicio de responsabilidades políticas, que tiene su sentido cuando hay investigados en lo público; como un medio para el esclarecimiento de asuntos de interés público o como una herramienta de las Cámaras para analizar fallos del sistema y promover reformas que prevengan su reiteración, que es la misión del Legislativo, en esencia. La comisión sobre la denominada operación Kitchen se ha cerrado tras nueve meses de trabajos sin ser lo uno ni lo otro. Ninguno de los miembros del Partido Popular y su Ministerio del Interior señalados –con especial fruición por los partidos de Gobierno y sus socios– como responsables de los hechos ostentan ya cargo alguno. Nada de lo que los ponentes han depuesto en sede parlamentaria, con la excepción de los fuegos artificiales del comisario José Manuel Villarejo, aporta revelación que no obre ya en la Audiencia Nacional o en la prensa. Y ninguno de los grupos, pese a que coinciden en que hubo disfunciones especialmente en la gestión de los fondos reservados que permitió a ciertos policías hacer de su capa un sayo, propone reformas de calado.

En unos casos, como lo es el del PP, porque entienden que la comisión no

PSOE, UP y socios cargan contra Rajoy, mientras Cs habla de denunciantes de corrupción y Vox se centra en cambiar las comisiones

ha dado para eso. Ya desde el inicio querían comparecientes que pudieran explicar por qué el control de los fondos reservados, que presuntamente se utilizaron en un operativo ilegal para espiar a Luis Bárcenas, ha fallado en este caso. Pero todas sus iniciativas fueron vetadas por el resto de los grupos. Su propuesta de conclusiones habla por eso de «cierre en falso».

En otros casos, como el del PSOE, el dictamen se asemeja a una sentencia condenatoria. Y el veredicto recae sobre el expresidente del Gobierno y el PP, Mariano Rajoy, y la que fue ministra y secretaria general, Dolores de Cospedal. Ella ha estado más comprometida porque, al fin y al cabo, llegó a ser imputada aunque exonerada después. Sigue pendiente de recurso. Él no ha sido llamado a la Audiencia Nacional y hasta la fecha, sólo le ha señalado abiertamente Villarejo. Lo hizo, por cierto, antes en el Congreso que en el juzgado, hablando ‘in extremis’ de unas llamadas que por el tiempo transcurrido, no se podrán acreditar.

La condena política del PSOE es dura contra el PP y la que fue su cúpula en Interior y la Policía, pero no propone reforma alguna que evite que vuelva a pasar, aun reconociendo un descontrol sobre los fondos reservados por cuenta de este asunto. Tampoco lo hace el PNV, que coincide en que la Kitchen existió, fue ilegal y Rajoy tuvo si no la «porosa» implicación que señalaba Villarejo, sí una responsabilidad «in vigilando» o «vicaria» en el asunto.

UP e independentistas

Mientras, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y CUP presentaron ayer un texto conjunto. A diferencia del PSOE, al menos abren la puerta a la necesidad de una «reflexión» sobre el modo en que funcionan las tripas de la Policía. Hablan incluso de «democratización», pero lo hacen dejando al albur de Interior, que es, según el juez, el departamento donde se gestó todo, la decisión de impulsar alguna mejora si se estima conveniente. Con los fondos reservados, igual: reconocen la grave disfunción que ha evidenciado la Kitchen, pero no plantean reformas del sistema.

Ciudadanos sí ha apuntado algún cambio, aunque no parece muy vinculado a este asunto. Su dictamen habla de medidas para proteger a los denunciantes de la corrupción y en Kitchen no hubo nunca ninguno. Vox, directamente, no habla del operativo en su texto. Lo que propone es modificar estas comisiones para que no puedan desarrollarse en paralelo a una causa judicial, que es lo que hizo que la iniciativa naciese coja: ni sus señorías iban a tener acceso a la documental ni los comparecientes iban a decir nada que les pudiese comprometer ante el juez.

Y eso es, básicamente, lo que ha acabado pasando estos nueve meses: silencios, temas que poco tenían que ver y un sistema, que por lo que a la comisión respecta, seguirá como estaba.